El preso político Irving Larios se ha sometido a una huelga de hambre junto a otros tres rehenes de la dictadura que exigen el respeto a sus derechos humanos fundamentales dentro de las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote».
«Irving Larios comparte celda con Miguel Mendoza, él padece de hipertensión y problemas de ácido úrico, por lo que necesita de atención medica especializada y una alimentación adecuada a sus padecimientos. En la cárcel ha perdido más de 40 libras, inició su huelga el 24 de septiembre», refiere la iniciativa defensora Se Humano.
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La organización defensora denunció que los «presos y presas políticas en El Chipote han decidido iniciar una huelga de hambre a pesar del peligro de muerte que eso implica, exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Desde su detención, las y los presos políticos han perdido hasta 60 libras de peso dentro de la cárcel».
El sociólogo y economista fue arrestado en su vivienda el 20 septiembre de 2021 por la Policía del régimen. La dictadura lo acusó de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, la misma herramienta jurídica que ocupó para judicializar a más de 40 líderes de oposición que están encarcelados desde finales de mayo del año pasado en el contexto electoral.
El nueve de marzo, la jueza Décimo Distrito Penal de Juicios, Nancy Aguirre Gudiel, condenó al preso político Irving Larios a una pena de 13 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además del pago de 800 días multas, unos 160 mil córdobas.
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Los parientes de Larios y organizaciones defensoras de derechos humanos han demandado en diversas ocasiones a la administración de Daniel Ortega el cambio de la medida cautelar a detención domiciliar para el opositor, debido a las diferentes afectaciones que padece en su salud debido a las condiciones de encierro a las que ha sido sometido.
Al igual que el opositor, se encuentran en huelga de hambre dentro de «El Chipote» la exguerrillera Dora María Téllez Argüello; el cronista deportivo y periodista Miguel Mendoza y el abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Róger Reyes. Todos demandan que se respeten sus derechos.
