La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la opositora de Masaya Yolanda del Carmen González Escobar y su núcleo familiar. La resolución fue emitida el 29 de agosto de este 2022.
La organización considera que la ciudadana de 54 años «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
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«Según la parte solicitante, Yolanda González es identificada o percibida como opositora al actual gobierno nicaragüense y se encuentra en una situación de riesgo a raíz de amenazas, hostigamientos y vigilancia por agentes estatales y paraestatales desde el año 2018», señala la resolución.
También recordó que la vivienda de González ha sido allanada sin orden judicial y con uso de violencia en dos ocasiones y también amenazas debido a la presunta organización de una misa religiosa».
«Luego de analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la CIDH observó que la situación de riesgo se ha intensificado desde el 2021 (…) donde personas familiares, entre ellas dos niñas, habrían sido asediadas por agentes policiales, así como amenazadas por participar en actividades religiosas. También observó que debido a los asedios constantes, algunas de las personas familiares, se vieron obligadas a desplazarse hacia fuera del país», indicó.
La CIDH solicitó información al Gobierno de Daniel Ortega «en los términos del artículo 25 de su Reglamento», sin embargo no se recibió ninguna respuesta por parte del régimen.
Demandan al régimen respetar medidas cautelares
Tras otorgar las medidas cautelares, la CIDH demandó a la dictadura de Ortega asegurar que la Policía respete la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, así como proteger sus derechos en relación con actos que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.
Además, ordena informar sobre las acciones adelantadas «a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición».
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«El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables», concluye el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El último episodio de violencia contra Escobar se registró el 12 de abril de este año cuando agentes policiales allanaron con violencia su vivienda, ubicada en el barrio Países Bajos, en Masaya.
«Los oficiales querían montarme en la camioneta, pero les dije que no, que si querían podían ir a mi casa, porque yo no tengo nada que esconder. Me dijeron que revisarían mi bolso. Me preguntaron por mi celular y les dije que yo no andaba»; luego llegaron a la casa y la registraron, dejando todo desordenado», denunció la opositora en su momento a Artículo 66.
Pese a las constantes denuncias contra el régimen de Ortega, Yolanda Escobar sigue siendo objeto de asedio policial y paramilitar. Según denuncia, los agentes se molestan y la amenazan cuando evidencia el acoso. Este medio de comunicación intentó conocer las reacciones de la opositora luego de las medidas cautelares a su favor, sin embargo no se pudo establecer contacto.
