En el segundo día de presentación de los presos políticos en los juzgados de Managua, la dictadura exhibió a los rehenes de conciencia Tamara Dávila y Félix Maradiaga, ambos integrantes de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab). Maradiaga era el candidato presidencial de la organización política y Dávila era miembro del Consejo Político.
Ambos lucen muy delgados, con ojeras y estragos físicos por las torturas que reciben desde hace más de un año de encierro en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote». Es la primera vez que se ve a Tamara Dávila desde que fue detenida por la Policía de la dictadura el 12 de junio de 2021 en la víspera de las elecciones nacionales.
Los familiares de los presos políticos denunciaron el 29 de agosto que los detenidos presentan serios problemas de delgadez y desnutrición ante la reducción drástica de las porciones de alimentos que les dan en la cárcel.
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Tras esta denuncia, la dictadura ordenó que los reos de conciencia sean llevados ante un juez en el Complejo Judicial Central de Managua, sin motivo alguno. Otros 10 presos políticos también fueron vistos por primera vez ayer, 30 de agosto, después de 14 meses de encierro.
Maradiaga fue capturado el ocho de junio de 2021 a pocos metros del Ministerio Público en Managua, minutos antes había sido interrogado por los fiscales de Daniel Ortega. Tras su detención, fue trasladado a «El Nuevo Chipote», un reconocido centro de torturas, según indican los familiares de presos políticos.
La justicia orteguista le impuso una sentencia de 13 años de cárcel. El rehén de conciencia enfrentó siete audiencias que, de acuerdo con sus defensores, estuvieron «plagadas de irregularidades» que culminaron con un fallo de culpabilidad.
En el caso de la opositora Tamara Dávila fue detenida el 12 de junio de 2021. La dictadura de Nicaragua decidió encarcelar a Dávila por supuestamente violar la Ley 1055 o Ley de Soberanía. La acusó y condenó a ocho años de prisión por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo de la integridad nacional» y «traición a la patria».
La dictadura los acusó de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica aprobada por los diputados de la dictadura para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores del régimen Ortega-Murillo.
Para justificar su decisión de exponer a los rehenes de conciencia, se inventó un término legal: «audiencia informativa». Este apuro de la dictadura por exponer que los presos políticos «están bien de salud» se da tras la denuncia de los parientes de los detenidos ante las graves torturas que padecen en «El Nuevo Chipote».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la actuación de la dictadura se hace al margen de la ley porque no tiene asidero legal. El organismo explicó que los presos políticos ya fueron notificados de las sentencias condenatorias que les impusieron los jueces orteguistas y que estas mismas fueron ratificadas por el Tribunal de Apelaciones; posterior se recurrió a casación y que los recursos ya debían de haber sido admitidos por la Corte Suprema Justicia (CSJ).
