Al menos diez presos políticos, cautivos en la cárcel de «El Chipote», en Managua, sufren el aislamiento con sus hijos menores de edad impuesto por el régimen de Daniel Ortega. Diversas organizaciones de oposición y de derechos humanos se han sumado a la demanda «que les permitan comunicarse» señalando que la medida es ilegal y constituye tortura.
Más de diez niños y adolescentes, entre las edades de 2 a 16 años, se encuentran afectados por la restricción de la dictadura, incluido el hijo de 22 años del periodista Miguel Mora, quien tiene discapacidades y sufre la ausencia de su padre.
El preso político Marcos Fletes tiene tres hijos a quienes nos ve hace más de un año, Róger Reyes tiene dos niñas de dos y cuatro años; a María Oviedo la mantienen aislada de sus dos hijos; mientras la niña de siete años de Miguel Mendoza ruega todos los días a las autoridades poder visitar a su papá. A los rehenes del régimen no les permiten recibir ni siquiera una carta de sus niños.
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El preso político Yubrank Suazo cumplió cien días de arresto arbitrario. El dirigente opositor de Masaya se encuentra recluido en una celda de castigo del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», después de pasar por la cárcel de «El Nuevo Chipote», en Managua, acusado del presunto delito de conspiración par cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas.
Suazo fue sustraído de su vivienda, en horas de la madrugada, por operadores del régimen, en el mes de mayo, luego que el joven denunciara el asedio policial a una parroquia de Masaya.
Esta es la segunda vez que la dictadura lo encarcela. En esta ocasión, lo condenó a 10 años de prisión.
Monseñor Rolando Álvarez, retenido en su domicilio familiar en Managua, y los seis religiosos y un laico, presos en «El Nuevo Chipote», han sufrido la vulneración de al menos diez derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que los Ortega-Murillo han violentado su derecho a la honra y reputación; la libertad de conciencia y de religión; así como, el derecho a la presunción de inocencia, a la salud física y mental, el acceso a la justicia y a la libertad individual, entre otros.
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Las víctimas son el obispo, cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, miembros de la diócesis de Matagalpa, encerrados sin que hasta ahora se les haya formulado cargos. La abogada de presos políticos Yonarqui Martínez manifestó que la situación de los religiosos es «alarmante».
Monseñor Leonardo Urbina, párroco de Boaco, fue declarado culpable de presunto abuso sexual. El extrabajador del Poder Judicial Yader Morazán reveló que el proceso fue realizado a «puertas cerradas», sin el juez correspondiente y sin derecho a la defensa.
El Estado no le permitió al sacerdote ser asistido por un abogado privado, le impuso otro supuesto defensor y le negó el contacto o presencia familiar.
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Morazán publicó que, según información preliminar, la Policía de Boaco, encargada de investigar el supuesto delito, no se presentó a declarar, tampoco asistió la médico legal ni la psicóloga forense que acreditarían la violación contra la menor.
Monseñor Urbina es el segundo sacerdote declarado culpable, mediante un juicio arbitrario, en un contexto de persecución religiosa en el país.
El Banco Central de Nicaragua revocó la licencia de operación como proveedor de servicios de compraventa y/o cambio de moneda a la empresa Envíos 22-24 S.A.
Con esta medida, la empresa ya no ofrecerá el servicio de cambiar los dólares a córdobas que reciben los clientes de sus remesas; sin embargo, la agencia aclaró que continuará laborando de manera normal.
A través de sus redes sociales, la empresa informó que este año decidieron revocar la licencia «por falta de actividad», pero mantienen el servicio de envío de dinero y de paquetería con presencia en todo el país.
Organizaciones de oposición han hecho eco de la solicitud de congresistas estadounidenses que demandan la aplicación rápida y contundente de la Ley Renacer para asegurar la liberación de todos los presos políticos y proteger los derechos humanos en Nicaragua. Opositores señalan que se han realizado acciones necesarias, sin embargo, otras «no han sido eficaces».