Para la abogada de presos políticos y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez la situación de los sacerdotes secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es «bastante alarmante». Martínez refiere que la Policía, al servicio del régimen, se está tomando medidas de hecho que no están fundamentadas en las leyes de Nicaragua.
La jurista explicó a Artículo 66 que las autoridades policiales no están «respetando la ley desde el momento en que a los sacerdotes los secuestran en Matagalpa, los tienen retenidos de manera ilegal, eso es una anomalía». Afirmó que hasta el día de hoy no se conoce a ciencia cierta si monseñor Rolando Álvarez ha sido acusado legalmente o si tiene alguna medida especial, misma que tiene que ser dictada por un juez.
«Esta figura de resguardo domiciliario no existe. La Policía no tiene facultades para emitir órdenes de resguardo de detención a un ciudadano. La única persona que puede emitir privación de libertad o el cambio de medida es un juez y hasta el momento no tenemos conocimiento de ello», manifestó.
En este mismo sentido, el abogado y exfuncionario del Poder Judicial en el exilio, Yader Morazán, indicó que monseñor Rolando Álvarez no está en casa por cárcel, ni en resguardo domiciliar; sino que «su secuestro se computa desde el 04 de agosto y no desde que fue trasladado forzosamente, y que ahora esa ilegalidad trasciende a otros familiares ajenos a su “causa”».
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Martínez apunta que el comunicado de la Policía carece de fundamento legal porque se impuso «un resguardo policial de hecho, antojadizo. No está estipulado en la ley. No existe una norma que lo regule, que proceda dentro de las facultades de la Policía; por ende, es una actitud ilegal y violatoria al proceso y violación a los derechos humanos».
«Nicaragua es el país donde las instituciones hacen su gusto y antojo de los procedimientos. No tenemos una entidad imparcial a la que podamos acudir y solicitarle que se hagan los trámites de acuerdo a derecho. Lamentablemente estamos en indefensión, todos los sacerdotes están en indefensión. Es un cúmulo de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos que están concatenados para dañar a los sacerdotes», subrayó.
Según la abogada Martínez, además de la serie de irregularidades que se cometieron desde que fueron retenidos en la Curia Episcopal de Matagalpa, también se les han violado una serie de derechos que están protegidos en la Constitución Política de la República y las leyes como: derecho a la vida, derecho al credo, derecho a la libertad individual, protección y respeto a la vida privada, igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, libertad de conciencia y pensamiento, libertad de movilización, principio de legalidad, garantías procesales penales violentad, presunción de inocencia, sustracción de juez natural, derecho a un recurso, derecho a la defensa y el derecho a la propiedad.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), también denunció que a los sacerdotes y laicos les están violentando sus derechos fundamentales por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. «Exigimos libertad inmediata para ellos y para todas las personas presas políticas», escribió el Cenidh en su cuenta de la red social Twitter.
