Este viernes, 26 de agosto, la hija del preso político Miguel Mendoza, Alejandra, cumple 431 días sin poder comunicarse, ver o abrazar a su padre. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa negándole al periodista cualquier tipo de contacto con la menor.
«¡Hola papi! He grabado vídeos, he realizado dibujos con la esperanza que alguien te los pueda mostrar. Mi corazón sufre, porque tengo más de un año de no abrazarte», se lee en una carta que le escribió la menor a su papá encarcelado.
Mendoza es uno de los presos políticos a los que el régimen de Ortega-Murillo les niega el derecho de ver y comunicarse con su hija.
Noticia relacionada: Alejandra le envía nuevo mensaje a su padre Miguel Mendoza: «Mi corazón sufre tu ausencia. Necesito verte»
Los familiares del reo de conciencia han solicitado de diferentes maneras se autorice la más mínima comunicación entre Miguel y su hija, sin embargo la administración de Ortega se ha negado a esta demanda.
Durante estos 14 meses, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) impiden que las cartas y dibujos de la niña le sean entregados a su papá, pese a que su abogado ha interpuesto 11 recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua y ninguno ha sido contestado. La separación forzosa entre Miguel Mendoza y su hija Alejandra le ha provocado daños en su salud física y emocional a la niña, según manifestó su madre.
«La comunicación entre padre e hija es un derecho y a Alejandra se lo han negado sin causa alguna y sin justificación legal desde hace 14 meses. A través del abogado (defensa técnica de Miguel) se han realizado varias solicitudes para que la niña vea a su papá, pero no dan respuesta y cuando he preguntado de manera verbal, expresan que no está “autorizado”», denunció Margin Pozo, esposa de Miguel Mendoza.
El preso político este viernes, cumple 431 días encarcelado en condiciones de tortura e inhumanas. El periodista fue detenido arbitrariamente en su vivienda el 21 de junio de 2021.
La dictadura de Nicaragua decidió encarcelar a Mendoza por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía y la Ley 1042, Ley de Ciberdelitos. Lo acusa de supuestamente «conspirar para el menoscabo de la integridad nacional» y de «propagar noticias falsas». Fue condenado a nueve años de prisión. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Esta misma situación de separación forzosa con sus hijos e hijas también la viven los presos políticos Miguel Mora, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Róger Reyes. A todos ellos se les ha negado el derecho de comunicarse por cualquier mecanismo con sus vástagos.