Colectivo de Derechos Humanos condena la nueva redada de aniquilación de 200 ONG

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la reciente arremetida de la dictadura de Daniel Ortega contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país. En esta nueva redada ejecutada el 24 de agosto, el régimen ordenó a la Asamblea Nacional despojar de su personalidad jurídica a 100 entidades más y al Ministerio de Gobernación (Migob) ilegalizar otras 100.

En un comunicado, el organismo de derechos humanos aseguró que «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».

En los primeros ocho meses de 2022, la dictadura ha eliminado a 1,675 organizaciones sin fines de lucro.

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Entre la nueva lista de cancelación destaca la Asociación de Cafetaleros de Managua y asociaciones municipales, además de la Asociación Nicaragüense de Empresas de Radiocomunicaciones (Anerc) y el Club de Radio Experimentadores de Nicaragua.

El régimen de Ortega señala que las ONG afectadas incumplieron con sus obligaciones conforme lo establecido en la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Cabe mencionar, que el miércoles fue la primera vez que el Migob canceló a más organismos a través de un acuerdo ministerial, tras la reciente aprobación a la reforma a la Ley 1115,  Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.

Con la reforma aprobada a la ley referida a las ONG, el régimen de Ortega-Murillo le otorgó al Migob el poder absoluto de despojar de la personalidad jurídica a las organizaciones mediante acuerdos ministeriales, sin necesidad de pasar por el Ejecutivo.

Ante esta nueva embestida, los defensores del Colectivo denunciaron «la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua».