El abogado Yader Morazán asegura que después de 18 días de «limbo jurídico y traslado forzado para sacarlos de la jurisdicción que les toca», el régimen de Nicaragua al fin decidió celebrarle audiencia a las siete personas que fueron detenidas por acompañar durante su retención a monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa.
«Después de 18 días en un limbo jurídico, al fin se les celebró audiencia a los padres Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Díaz; al camarógrafo Sergio Cárdenas, al diácono Raúl Vega y los seminaristas Darvin Leiva y Melquin Sequeira», afirma Morazán, que según sus fuentes informa que la audiencia fue realizada por la nueva jueza Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua.
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El especialista en administración de justicia refiere que el proceso se realizó de forma «clandestina y validada por un grupo “selectivo” de “defensores” públicos. Según mi fuente (que por temor no puede hablar), esta audiencia se celebró por la tarde del lunes, 22 de agosto de 2022, en la única sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial de Managua (No.6), una vez que se había retirado el personal que sale a la 1:00p m», explica Morazán.
En esa «redada» solo al obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, lo dejaron bajo «resguardo domiciliar» para callarlo imponiéndole casa por cárcel.
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Yader Morazán sostiene que a las siete personas le fueron impuestos los «90 días para “complementar” actos de investigación, bajo una de las nuevas leyes de Ortega. Por su parte, la Fiscalía no argumentó las razones por las cuales necesitan más tiempo para complementar actos de investigación, ni sobre qué indicios se sustentan los actos iniciales de investigación que requieren ser complementados. ¡Y a la jueza ni le interesó preguntar!».
«Estamos delante de un Estado que opera como mafia, y se confabula para sustraer a los procesados de su juez natural, mantenerlos en condiciones de desaparición forzada, sin comunicación con sus familiares o abogados, y sin derechos humanitarios o menos del debido proceso», denuncia el exfuncionario judicial.
