Huir de una dictadura y seguir votando desde ella

Hay una conversación que me parece necesaria entre quienes hemos nacido o vivido en países marcados por dictaduras, revoluciones, guerras, desigualdad y discursos políticos que han utilizado palabras como izquierda, derecha, socialismo, libertad o democracia hasta hacerlas significar cosas muy diferentes. Es una conversación que también nos implica cuando migramos, aunque rara vez la incluyamos entre las dificultades de empezar una vida en otro país.

Cuando hablamos de migración solemos pensar en la familia que dejamos, el trabajo, los documentos, las costumbres o el esfuerzo que supone volver a empezar. Pero también nos llevamos una historia política. Nos acompañan las ideas que escuchamos en casa, lo que aprendimos a temer, los conflictos de nuestra comunidad y nuestra manera de distinguir a quienes ejercen el poder de quienes lo cuestionan. Podemos cruzar una frontera y encontrarnos con leyes e instituciones completamente diferentes sin que esa forma de interpretar la política cambie de inmediato.

Y esto importa porque no llegamos a una sociedad nueva únicamente a trabajar o a buscar estabilidad. Empezamos a vivir bajo sus decisiones políticas: pagamos impuestos, necesitamos vivienda y servicios, criamos a nuestras hijas e hijos, nos relacionamos con sus instituciones y sufrimos o disfrutamos las consecuencias de sus leyes. Algunas personas adquieren el derecho a votar; otras, aun sin poder hacerlo, también participan y se ven afectadas por lo que se decide. Nuestra historia política deja entonces de ser solamente memoria del país que abandonamos: influye en la sociedad que ayudamos a construir.

Por eso quiero plantear una pregunta incómoda: ¿por qué algunas personas que huyen de un régimen autoritario pueden llegar a otro país y apoyar, casi automáticamente, propuestas políticas que afectan los derechos y las condiciones que ellas mismas necesitaron para migrar, trabajar, formar una familia o reconstruir su vida? Y una pregunta todavía más importante: ¿estamos apoyando esas propuestas por lo que realmente hacen o porque identificamos en ellas a los amigos y enemigos que aprendimos a reconocer en otro lugar?

Responder que esas personas no entienden de política sería arrogante y, además, falso. Hay quienes han vivido persecución, prisión, confiscaciones, censura o exilio, y quienes heredaron esos recuerdos de sus madres, padres y comunidades. Es comprensible que tales experiencias influyan en las decisiones políticas. Pero comprender el origen de un miedo no significa que debamos dejar de examinar las conclusiones que sacamos de él.

El problema aparece cuando una experiencia legítima se convierte en una equivalencia equivocada: si el gobierno que nos persiguió decía ser de izquierda, todo lo que se llame izquierda terminará igual; si lo combatía alguien que se presentaba como de derecha, esa etiqueta ya sería una garantía de libertad. Una cosa es conocer quién nos hizo daño y otra comprender qué mecanismos le permitieron hacerlo. Esa diferencia es el punto de partida de esta reflexión.

No confundir la ideología con la manera de ejercer el poder

Nicaragua es un ejemplo que conozco bien. 

Daniel Ortega gobierna desde 2007 bajo las siglas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sigue utilizando el lenguaje y los símbolos de la revolución sandinista. Sin embargo, esa identidad no explica por sí sola todas las decisiones económicas, sociales o institucionales de su gobierno. Durante buena parte del periodo anterior a 2018, el Ejecutivo mantuvo acuerdos estrechos con el gran empresariado organizado alrededor del COSEP, mientras la propiedad privada, las exportaciones y la inversión extranjera conservaban un papel central en la economía.

Para situar esa realidad, el Fondo Monetario Internacional proyectaba para 2017 una inversión privada cercana al 22 % del PIB y una pública próxima al 7 %. El dato no significa que Ortega fuese de derecha, ni borra las políticas sociales que su gobierno haya impulsado. Significa algo bastante más sencillo: la palabra con la que un gobierno se define no basta para explicar cómo funciona su economía, con quién negocia o a qué sectores beneficia. Si utilizamos una sola etiqueta para explicar un país entero, dejamos de analizarlo.

Pero lo verdaderamente grave en Nicaragua no depende de resolver si Ortega es suficientemente fiel a la izquierda que proclama. Human Rights Watch documentó que la reforma constitucional de 2025 reforzó el poder de la copresidencia de Ortega y Rosario Murillo y su capacidad de intervenir en otras instituciones. También informó de al menos 452 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad y de más de 5.500 organizaciones cerradas desde 2018. ¿Qué tienen que ver esos hechos con elegir entre impuestos altos y bajos? Lo que muestran es concentración del poder y persecución de quienes lo cuestionan.

Perseguir opositoras y opositores, controlar tribunales, impedir una competencia electoral real, censurar medios o quitar la nacionalidad por considerar a alguien traidor no son consecuencias necesarias de una política económica de izquierda. Son prácticas autoritarias. Y los abusos de poder también pueden cometerse desde gobiernos de otras tradiciones ideológicas. Eso no vuelve equivalentes a todos los regímenes ni a todas las políticas. Lo que exige es hacer dos preguntas distintas: ¿qué modelo de sociedad propone el gobierno y cómo ejerce el poder para llevarlo a cabo?

Podemos discutir sobre impuestos, empresas privadas, seguridad, políticas sociales, aborto o inmigración. En eso consiste buena parte de la disputa democrática. Pero también debemos comprobar si existen tribunales independientes, prensa capaz de investigar, organizaciones libres para criticar y posibilidades reales de alternancia política. Si solo nos preocupan esos controles cuando gobiernan quienes rechazamos, no estamos defendiendo un principio: estamos defendiendo una ventaja para nuestro propio bando.

Y aquí aparece una prueba sencilla: ¿aceptarías que un político que no te gusta tuviera mañana el mismo poder que hoy le concedes al que apoyas? Si la respuesta es no, quizá el problema no está solamente en quién gobierna. También está en cuánto poder estamos dispuestas a entregarle.

Los derechos no funcionan por afinidad

Este es uno de los aprendizajes políticos que más me importan. No necesito compartir las ideas de una persona para reconocer su derecho a expresarlas dentro de los límites que protegen a los demás. La libertad de expresión no está hecha únicamente para defender lo que digo yo; también protege opiniones que me incomodan. Lo mismo ocurre con la libertad religiosa y con la participación política. Si esos derechos solo nos parecen legítimos cuando los ejercen quienes piensan como nosotras, los estamos confundiendo con permisos que concedemos a nuestro grupo.

Tampoco tengo que pertenecer a una comunidad para defender su igualdad ante la ley. No necesito ser LGBTQ+ para oponerme a la discriminación contra las personas que lo son. Como mujer, no espero que alguien haya atravesado mis mismas experiencias para reconocer mi autonomía, mi derecho a decidir y a vivir sin violencia. Y haber conseguido un empleo estable, la residencia o una nacionalidad nueva no debería volverme indiferente a las personas que todavía necesitan protección cuando migran. No podemos pedir respeto para nuestra propia historia y negar dignidad a las historias de quienes llegan después.

Por supuesto, los recursos no son ilimitados. Los presupuestos públicos, las viviendas disponibles, las ayudas y los servicios necesitan reglas y prioridades que se pueden discutir. Una sociedad puede debatir cómo gestionar sus fronteras o qué requisitos establecer para una prestación. Pero repartir recursos limitados no equivale a decidir qué personas merecen menos garantías fundamentales. Defenderse ante un tribunal, no ser perseguida por una opinión o recibir igual protección legal no deberían depender de apoyar al partido correcto.

En sociedades donde se ha dividido a la población entre patriotas y traidores sabemos qué ocurre cuando la autoridad convierte los derechos en premios por obedecer. Primero se designa a alguien como enemigo; después se normaliza que reciba menos protección; finalmente, el abuso se vuelve parte de la vida cotidiana. No todas las restricciones legales son autoritarias, pero cuando una medida se justifica únicamente por el rechazo al grupo afectado tenemos razones para examinarla con especial cuidado.

La cultura política también cruza fronteras

¿Por qué podemos llegar a reproducir ideas que parecían incompatibles con lo que vivimos? Porque también migramos con nuestra cultura política. Una misma palabra no provoca la misma reacción en todas las personas. Para alguien, socialismo puede significar discutir sanidad, impuestos o redistribución; para quien conoció persecución bajo un gobierno que utilizaba esa palabra, puede traer recuerdos de cárcel, miedo o exilio. Ambas experiencias merecen ser escuchadas, pero ninguna nos libera de comprobar qué propone realmente un partido en su propio contexto.

La politóloga Aida Just encontró algo relacionado al estudiar el comportamiento político de personas migrantes en 19 democracias occidentales con datos de la Encuesta Social Europea recogidos entre 2002 y 2017. Entre quienes desarrollaron una identificación partidista en el país receptor, quienes procedían de antiguos regímenes comunistas tenían menos probabilidades de identificarse con partidos de izquierda. La relación era más marcada entre quienes se habían socializado bajo regímenes especialmente autoritarios. Esto no significa que todas esas personas voten a la derecha. Significa que la experiencia política del lugar de origen puede seguir influyendo en las preferencias mucho después de migrar.

Aquí aparece una contradicción que merece examinarse: la memoria puede ayudarnos a detectar riesgos, pero también puede convertirse en un atajo. Dejamos de preguntar “¿qué propone este partido y cómo funcionan aquí las instituciones?” para preguntarnos únicamente “¿se parece al enemigo que dejé atrás?» 

España no es Nicaragua, Estados Unidos no es Cuba y Argentina tiene sus propios conflictos. Comparar puede enseñarnos, siempre que comparemos hechos, instituciones y mecanismos, no solo palabras.

Andrés Pérez-Baltodano ofrece otra herramienta para pensar nuestra relación con el poder. En sus reflexiones sobre la cultura política nicaragüense habla del providencialismo y el pragmatismo resignado: una disposición a aceptar que las grandes fuerzas que determinan nuestra realidad están fuera de nuestro control y que lo posible importa más que aquello que consideramos políticamente deseable. No es una explicación absoluta de Nicaragua ni, mucho menos, de toda América Latina. Pero permite cuestionar frases habituales como “todos los políticos son iguales”, “por lo menos este resuelve” o “hace falta alguien que ponga orden”.

¿Resuelve qué, para quién y a qué precio? Un gobierno puede construir carreteras que mejoran la vida de miles de personas y, al mismo tiempo, destruir controles institucionales. Podemos reconocer una mejora económica sin aceptar que se persiga a quienes protestan. Podemos celebrar una medida de seguridad y exigir que la policía y los jueces respeten garantías. 

Una persona puede haber rechazado durante años a un dictador y seguir esperando otro líder fuerte que resuelva todo. Quizá entonces cambió de enemigo o de salvador, pero todavía no ha cambiado su relación con el poder.

Antes de elegir la solución, ya hemos elegido una explicación

La memoria y las ideologías no explican por sí solas cómo votamos. También importa lo que creemos que causa nuestros problemas cotidianos. Imaginemos a tres personas con un sueldo de 1.000 dólares, un alquiler alto y dificultades para ahorrar. Una piensa que necesita mejores salarios y mayor capacidad de negociación. Otra atribuye su situación a los impuestos. La tercera cree que el problema son las ayudas que reciben las personas migrantes. Las tres pueden sufrir la misma presión económica y, sin embargo, buscar respuestas políticas muy diferentes.

Ahí entra la conciencia de clase, que no consiste simplemente en saber que somos trabajadoras o trabajadores y tampoco obliga a votar por un partido concreto. Significa examinar cómo se relacionan nuestros ingresos, el patrimonio, las condiciones laborales y nuestra capacidad para negociar con la organización de la economía. ¿Quién fija las condiciones de empleo? ¿Qué recibimos a cambio de los impuestos? ¿Por qué crecen los alquileres? ¿Quién tiene margen para decidir y quién depende de esas decisiones? Son preguntas que ayudan a entender el problema antes de elegir una solución.

En España, por ejemplo, la OCDE señaló que en el primer trimestre de 2025 los salarios reales por hora seguían un 4,2 % por debajo del nivel del primer trimestre de 2021. Es una referencia concreta para comprender por qué alguien puede decir que cobra más en números y, aun así, vive con menos margen. Pero ese dato no identifica automáticamente a un responsable. Para entenderlo hay que estudiar salarios, inflación, vivienda, fiscalidad, negociación laboral y muchas otras decisiones económicas.

Es más sencillo escuchar que otra persona recibe algo que debería ser nuestro. Esa explicación convierte un problema difícil en una comparación inmediata: “ella tiene una ayuda y yo no”. Pero que dos familias compitan por una vivienda pública no demuestra que la familia que consiguió una haya causado la escasez. La oferta disponible, los presupuestos, el suelo, los salarios, el turismo, la inversión, los fondos buitre, los bancos y la regulación pueden influir en el problema. Y debemos comprobar cuánto pesa cada factor.

Esta distinción cambia la respuesta política. Si convierto a quien compite conmigo por una vivienda en culpable, puedo terminar creyendo que la solución consiste en quitársela. Sí, entiendo que existe una escasez o una mala gestión del recurso; también tendré que preguntar cómo se produjo, por qué no se construyó suficiente vivienda asequible y qué se puede hacer para mejorar el acceso. Hacernos esas preguntas no elimina la necesidad de establecer requisitos justos; evita confundir a la persona que compite conmigo con quien tomó las decisiones responsables del problema.

Y esto también exige mirarnos entre quienes migramos. Podemos decir “yo llegué legalmente”, “yo trabajé desde el primer día” o “yo nunca pedí una ayuda”. Quizá todo sea cierto y haya mucho esfuerzo detrás. Pero también pudo haber un pasaporte que facilitó la entrada, dinero para el billete, amistades que recibieron a nuestra familia o una oportunidad que otras personas no tuvieron. Reconocerlo no le resta mérito a nadie; impide convertir nuestra trayectoria en el único modelo de migración digna. Podemos defender leyes y controles sin dividir a las personas migrantes en buenas (donde nos colocamos) y malas (las que llegan después).

Cuando una dirigente política o un dirigente político señala a un grupo como causa de nuestro malestar, deberíamos pedir pruebas. ¿Qué parte del presupuesto representa aquello que denuncia? ¿Qué otras causas están dejando fuera? ¿La medida propuesta mejorará nuestras condiciones o solamente reducirá las de alguien a quien nos han enseñado a culpar? 

La diferencia entre resolver una necesidad y castigar a una persona puede parecer menor en un eslogan; en una sociedad, no lo es.

¿Qué estamos apoyando cuando apoyamos a un partido?

Ahora podemos regresar a una pregunta que nos afecta cuando participamos en la política de la sociedad en la que vivimos: ¿qué estamos apoyando realmente? Para entenderlo no basta con presentar ejemplos de países como si fueran equivalentes. Nicaragua nos ha permitido separar la etiqueta ideológica de la manera de gobernar. Estados Unidos y Argentina muestran otras dos preguntas: qué ocurre cuando un electorado se identifica con un proyecto y qué consecuencias concretas tienen las políticas que ese proyecto aplica.

En Estados Unidos, las personas latinas no votan como un bloque uniforme. Sus prioridades pueden ser económicas, religiosas, culturales, relacionadas con la seguridad o con su historia familiar. Pero el cambio electoral merece examinarse: según Pew Research Center, el apoyo latino a Donald Trump fue del 28 % en 2016, 36 % en 2020 y 48 % en 2024. 

Este aumento no significa que todas esas personas compartieran las mismas razones ni que apoyaran cada propuesta migratoria de su gobierno. Significa que la identificación con un candidato puede atravesar categorías que desde fuera consideramos evidentes, incluida la experiencia migrante.

Por eso importa contrastar las expectativas de quien vota con las decisiones que finalmente se aplican. Cuando se discuten deportaciones, asilo o la protección de determinadas comunidades, la cuestión no es acusar a todo un electorado de haber votado mal. Es preguntar qué medidas conocía, qué consecuencias esperaba y cómo las juzga cuando afectan también a personas cercanas o a grupos que no imaginaba alcanzados. 

El propio Pew Research Center documentó en mayo de 2026 una caída de la aprobación de Trump entre personas latinas que lo habían votado en 2024, aunque muchas seguían apoyándolo. Cambiar de evaluación a partir de los resultados no es incoherencia: es una posibilidad necesaria en una democracia.

Argentina permite otra discusión. Javier Milei representa un proyecto de derecha libertaria que defiende reducir el tamaño y la intervención del Estado, desregular actividades y priorizar la disciplina fiscal. Pero la expresión “menos Estado” resulta insuficiente si no preguntamos: ¿menos Estado dónde? ¿En trámites burocráticos que retrasan la actividad económica? ¿En subsidios? ¿En empleo público? ¿En servicios sociales? No es lo mismo eliminar un procedimiento innecesario que disminuir la cobertura de una prestación. Cada medida tiene resultados, beneficiarios y costes que debemos estudiar.

La comparación también exige reconocer resultados diferentes, aunque incomoden a quienes ya tienen una posición tomada. Argentina experimentó una fuerte desaceleración de la inflación respecto de los niveles extraordinarios de 2024, pero eso no equivale a decir que desaparecieron las dificultades económicas. 

En octubre de 2026, el FMI recortó su previsión de crecimiento argentino para ese año al 2,1 % y elevó su estimación de inflación promedio anual al 32,5 %. Para evaluar el programa económico hay que mirar simultáneamente la estabilización, el empleo, los ingresos, la pobreza, la inversión y los servicios; no seleccionar solo el indicador que confirma lo que ya creíamos.

¿Y qué ocurre cuando quienes hemos migrado trasladamos esas mismas formas de interpretar la política a España? Ante las próximas elecciones, la pregunta deja de ser únicamente qué pensamos de los gobiernos de nuestros países de origen y pasa a ser qué propuestas estamos dispuestas a respaldar en la sociedad donde vivimos.

Cuando un partido propone reducir impuestos, conviene saber cuáles, a quiénes beneficia y cómo financiará los servicios que mantiene. Cuando promete endurecer las reglas migratorias, debemos conocer a quiénes alcanzan esas medidas y qué problema pretenden resolver. Cuando ofrece soluciones para la vivienda o la sanidad, necesitamos distinguir el diagnóstico, el mecanismo y el resultado previsto. Esa exigencia vale para las propuestas de Vox, PP, PSOE, Sumar y cualquier otra formación, sin fingir que todos defienden lo mismo ni convertir sus diferencias en una simple pelea de etiquetas.

Una persona puede preferir menos impuestos, otra una mayor redistribución, otra priorizar seguridad y otra protección laboral. Todas deberían poder defender sus prioridades con argumentos y aceptar que sus políticas sean examinadas. Lo que no deberíamos hacer es convertir a nuestro partido en una identidad que nos impide reconocer un error.

Cuando hacer perder al otro parece una victoria

Hay una pregunta que resume un riesgo de nuestra conversación política: ¿mi vida mejorará con esta medida o solo habrá alguien que termine peor? Si se retira una ayuda, nuestro salario no aumenta automáticamente. Si se deporta a una familia, no aparece por ello una vivienda asequible a nuestro nombre. Si se elimina un organismo público, el dinero ahorrado no llega directamente a nuestra cuenta. Puede haber razones económicas o jurídicas para revisar políticas, pero una pérdida ajena no demuestra una ganancia propia.

La tentación de construir culpables no es exclusiva de ninguna ideología. Tanto la izquierda como la derecha pueden intentar simplificar la realidad, que tiene más matices y factores de análisis que los que caben en 30 segundos de un video de TikTok. Podemos defender una crítica a la concentración de riqueza y, al mismo tiempo, reconocer que las realidades empresariales son diversas. Si exigimos pruebas para desmontar el discurso del adversario, también debemos exigirlas a quienes comparten nuestras ideas.

La misma lógica se aplica a los derechos, aunque aquí existe una diferencia fundamental respecto de los recursos materiales.

Y conviene recordar algo que parece evidente, pero se pierde en las discusiones sobre recursos: que otra persona pueda expresarse no reduce mi libertad de expresión. Que otra mujer pueda decidir sobre su vida no me quita autonomía. Que una persona reciba protección contra la discriminación no significa, por sí solo, que yo esté perdiendo derechos. Hay recursos materiales escasos que requieren decisiones distributivas; las garantías fundamentales no deberían convertirse en una competencia por ver qué grupo merece menos protección. 

Te voté, pero no te pertenezco

Cuando un partido deja de ser una herramienta para convertirse en una identidad personal, empezamos a medir la misma acción con dos reglas. Si mi partido gasta, es inversión; si gasta el contrario, es despilfarro. Si una dirigente a la que apoyo cambia de opinión, ha evolucionado; si cambia una adversaria, ha mentido. En ese momento preguntamos menos por el contenido de una política que por la persona que la propone.

Reconocer que el partido al que votamos se equivoca puede costarnos porque parece obligarnos a reconocer nuestro propio error. Pero votar no debería significar entregar la conciencia política durante cuatro años. Puedo respaldar una política económica y rechazar una medida sobre inmigración del mismo gobierno. Puedo reconocer un avance social y cuestionar la forma en que se utiliza el poder. Puedo apoyar a una candidata y exigirle cuentas sin convertirme en su enemiga. Esa debería ser una relación normal entre ciudadanía y representantes: «te voté, pero no te pertenezco».

No necesitamos dirigentes a quienes tengamos que justificarles todo lo que hacen. Necesitamos instituciones que puedan limitar incluso a quienes elegimos. Las reglas que hoy celebramos porque se usan contra nuestros adversarios pueden terminar mañana en manos de quienes más rechazamos. Si entonces las consideráramos inaceptables, quizá debamos preguntarnos por qué las defendemos ahora.

La sociedad que estoy dispuesta a defender

Quiero cerrar desde un lugar que no pretendo esconder: soy una mujer migrante, feminista y de izquierda. Me identifico con esa tradición porque doy importancia a la igualdad, a la protección del trabajo, a los servicios públicos, a la redistribución y a que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas sin violencia ni imposiciones. Pero esas convicciones no son un cheque en blanco para ningún gobierno que se llame de izquierda. Ni creo que una medida sea justa únicamente porque lleve la firma de quienes comparten mis ideas.

Si mañana viviera en otro país y encontrara mis principios mejor defendidos por una fuerza que allí se define como de derecha, no tendría sentido rechazarla solo por su nombre. Y si una fuerza que se presenta como de izquierda persiguiera opositores, debilitara jueces o restringiera derechos, no tendría sentido justificarla por afinidad. Las categorías ideológicas importan: expresan diferencias reales sobre economía, distribución y sociedad. Pero ninguna debería estar por encima de la dignidad humana y de los límites democráticos al poder.

Precisamente por eso me preocupa que, después de haber conocido el autoritarismo o de haber heredado sus consecuencias, podamos terminar repitiendo la misma lógica con enemigos distintos. Podemos cambiar de país, de partido, de bandera e incluso de discurso y continuar creyendo que los derechos solo merecen protegerse cuando pertenecen a los nuestros. Entonces quizá dejamos atrás a un gobernante, pero seguimos reproduciendo una relación con el poder que le habría resultado muy familiar.

No propongo que pensemos igual. Propongo algo más difícil: que pensemos antes de apoyar, que conozcamos las políticas que defendemos y que seamos capaces de cuestionar a los nuestros con la misma exigencia con la que cuestionamos a los demás. Que no confundamos una consigna con una explicación, ni el castigo al vecino con la solución de nuestros problemas. Y que nunca olvidemos que también participamos en la sociedad a través de lo que toleramos.

La pregunta no es únicamente contra quién votamos. También es qué permitimos hacer en nuestro nombre. Porque huir de una dictadura puede abrirnos la posibilidad de otra vida, pero no garantiza que hayamos aprendido a defender la libertad de quienes piensan diferente. Si mi forma de entender los derechos cambia según quién gobierna, entonces quizá no estoy defendiendo derechos: estoy defendiendo a mi bando. Y después de todo lo que hemos vivido, esa es una contradicción que no deberíamos dejar pasar.