La madrugada de este lunes, 22 de agosto, se cumplieron 48 horas de la detención arbitraria en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, al igual que sacerdotes, seminaristas y un camarógrafo que se encontraban acompañándolo en la Curia Episcopal de Matagalpa, asaltada el viernes, 19 de este mes.
A diferencia del también administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, quien está en «resguardo domiciliar», es decir, bajo casa por cárcel; los otros acompañantes que están presos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, son el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdote Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl González.
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Enfrentan la misma situación los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, al igual que el camarógrafo Sergio Cárdenas, los que permanecían en la sede episcopal desde el cuatro de agosto.
Según el abogado Yader Morazán, ya se cumplió el tiempo establecido por la ley para que las personas detenidas hayan sido puestas a la orden de un juez. Señaló también que el jerarca Álvarez y los otros religiosos «se encuentran en un limbo jurídico» después de haber sido detenidos sin orden judicial.
El jurista explicó que «en este sentido, nuestra legislación solo permite los allanamientos con orden de un juez entre 6am-6pm, no como lo admitió la “Policía” en su nota de prensa, o practicarse a cualquier hora con el permiso del morador o dueño y en casos sumamente graves y urgentes (art. 217 CPP, Código Procesal Penal)».
Ante los alegatos de la Policía de Ortega que «perdieron la paciencia» después de esperar una comunicación con el obispo de Matagalpa, Morazán señala que no es un razón legal, «menos si está fuera de las excepciones preestablecida en la Carta Magna, como lo son: auxilio, incendio, inundación, infraganti delito, persecución o rescate de una personas secuestrada (art. 26.4 Cn)».
Policía no está facultada para imponer resguardo domiciliar
En cuanto a la imposición de «resguardo domiciliar» contra monseñor Álvarez, el abogado refiere que la Policía de Ortega no está facultada para imponer esta medida, «porque dictar medidas cautelares es potestad exclusiva de la CSJ —Corte Suprema de Justicia— en un proceso o audiencia sobre hechos formulados, delante de un imputado con su defensa».
«Lo que significa que ni el juez puede dictar medida cautelar que no está en la ley, llevar a una personas a otra circunscripción fuera de donde supuestamente se cometió el delito (art. 34.2Cn) y menos trascender a familiares con la medida (art.37Cn), tal como lo han venido haciendo», explicó.
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Además, señala que las acciones de la Policía en contra los sacerdotes detenidos van en contra la ley y son objetos de pena de cárcel, ya que constituyen delitos de «Perturbación de actos religiosos o ceremoniales (art.190 CP) y Secuestro (art. 163 y 165 inciso “B” y “C” del CP). Los que sumados pudieran llegar a más de 12 años de prisión».
«En este caso ha quedado claro que la policía aparte de ser confesa en atribuirse funciones que no le corresponden, y suplantar roles, también se auto incrimina en admitir haber realizado hechos que son constitutivos de delitos y que limitan derechos de forma sistemática», recalcó el abogado Morazán.
También destaca que en esta ocasión la justicia de Ortega no acordó aplicar el proceso que «se inventaron recientemente» para mantener hasta por 90 días cautivo a un opositor sin formalizarle cargos, «ni obligaron a jueces a trabajar fuera de los horarios y centros laborales, como lo han venido haciendo».
«Ya que de haber indicios de delitos de por medio, han contado con más de 17 días para realizar cualquier investigación que los lleve a un proceso legal real, en lugar de continuar su cautiverio de hecho, destacado por no dejarles pasar ni comida ni medicinas y ahora incomunicados».
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Hasta el momento se desconoce de la situación legal que atraviesa monseñor Álvarez, sus sacerdotes y laicos. Según fuentes la Policía ha restringido la visita familiar al prelado de Matagalpa y a los otros religiosos detenidos en ese contexto tampoco los mantiene incomunicados.
Ya son 10 sacerdotes encarcelados por el régimen de Daniel Ortega, a los que los que han señalado por delitos comunes. La dictadura de Nicaragua se ha ensañado contra la Iglesia católica a los que ha tildado de «diabólicos» y «traidores».