En conmemoración al Día internacional de las Víctimas de la Persecución Religiosa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, remarcó que el gobierno estadounidense recuerda que «innumerables personas han sido asesinadas, dañadas, encarceladas, amenazadas y hostigadas a causa de sus creencias».
«Honramos el sacrificio y el precio pagado por muchos para seguir su conciencia o abogar porque otros hagan lo mismo, y apoyamos a los perseguidos y reconocemos nuestra humanidad compartida y compromiso colectivo con el derecho a la libertad de religión o creencia», señaló.
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El alto representante de la administración de Joe Biden subrayó la importancia de proteger estos derechos, «especialmente para los más vulnerables entre nosotros. Cualquier falla en asegurar el derecho a la libertad de religión o creencia para uno amenaza el disfrute de este derecho para todos».
Con relación a la actual persecución religiosa y ataque a la Iglesia católica en Nicaragua y el encarcelamiento a sacerdotes, el diplomático afirmó que «este día ofrezca seguridad a aquellos que sufren por sus creencias».
«Estados Unidos y socios afines no los han olvidado ni abandonado. Los vemos, los escuchamos y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de garantizar su libertad, protección y el ejercicio pacífico de sus creencias» concluyó.
Las palabras del secretario llegan en momentos en que la dictadura de Ortega no cesa el hostigamiento contra líderes religiosos de Nicaragua. Este día se cumplen más de cuatro días de la detención arbitraria contra monseñor Rolando Álvarez, sacerdotes, seminaristas y laicos que lo acompañaron en la Curia Episcopal de Matagalpa durante 16 días.
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Actualmente la Policía orteguista mantiene en sus calabozos a nueve sacerdotes, dos de ellos —monseñor Leonardo Urbina y el sacerdote padre Manuel Salvador García judicializados por delitos comunes y en el caso de monseñor Álvarez lo señala de «crear zozobra en la población».
Desde el 2018 la Iglesia católica ha mostrado su respaldo contra los nicaragüenses que protestaron contra el régimen de Ortega, quien los ha puesto en «la lista negra» de sus enemigos.
