La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la presa política, de 63 años, Evelyn Pinto, luego de evaluar su situación y considerar que «se encuentra en situación de gravedad y urgencia». Sus familiares han demandado que les permitan atender los problemas de salud de la activista.
«Según la parte solicitante, la propuesta beneficiaria, quien es defensora de derechos humanos e identificada como opositora al actual gobierno nicaragüense, se encontraría privada de su libertad en condiciones inadecuadas de detención y sin recibir la atención medica necesaria para tratar sus padecimientos y condiciones de salud, que se estarían agudizando en este contexto. Asimismo, la propuesta beneficiaria alegó haber sido objeto de vigilancia permanente, así como de actos estigmatizantes y discriminatorios por parte de agentes penitenciarios, recibiendo un trato diferenciado respecto a las demás privadas de libertad», destaca la organización.
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La CIDH considera que la integridad de Pinto se encuentra en «una situación de riesgo, teniendo en cuenta que los eventos de riesgo alegados persisten a la fecha y se consideran susceptibles de continuar exacerbándose». Desde su detención, el seis de noviembre de 2021, la opositora no ha podido realizarse sus chequeos médicos, los cuales son necesarios para su condición de salud, actualmente solo se encuentra recibiendo atención médica primaria.
Pinto enfrenta una condena de ocho años de cárcel, más 500 días multa, además de inhabilitarla de ejercer cargos públicos. La jueza Irma Oralia Laguna Cruz, del Juzgado Primero de Juicio de Managua, fue la encargada de leer la sentencia a la rehén de conciencia por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y ciberdelitos.
La CIDH solicita al régimen que, «adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de la señora Evelyn Pinto Centeno sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos: tener contacto con sus abogados y representantes legales; se garantice que no sea objeto de trato discriminatorio y estigmatizante dentro del centro penitenciario y se realice, inmediatamente, una valoración médica imparcial y especializada sobre su situación actual de salud».
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Además solicita que se valore la situación de encarcelamiento en la que se encuentra la opositora y aplicar medidas alternativas de su privación de libertad. Organismos internacionales aseguran que el agravamiento de la salud de Pinto está relacionado con las condiciones a las que están sometidas todas las reas de conciencia, como la «tortura y malos tratos sistemáticos, alimentación deficiente, desatención médica y la privación de medicamentos».
La presa política forma parte del grupo de rehenes de conciencia de la tercera edad del régimen de Nicaragua. Además, es una de las 14 mujeres opositoras cautivas por razones políticas en los diferentes sistemas penitenciarios del país.