El Comité de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura señaló a la Policía y paramilitares al servicio del régimen de Ortega como los principales represores contra los nicaragüenses.
La organización expresó este viernes, 29 de julio, su preocupación por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, y los actos de tortura y malos tratos, así como las desapariciones forzadas «a manos de la Policía Nacional, agentes vestidos de civil y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021».
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Ante esta crisis por las violaciones a los derechos humanos en el país, el Comité instó al gobierno orteguista a investigar «de manera rápida e independiente estos abusos y a reparar adecuadamente a las víctimas».
En cuanto a los más de 190 presos políticos, la ONU demandó que se respeten los derechos de todos los rehenes de conciencia y «se tome las medidas necesarias para prevenir la represión y la violencia contra defensores de las garantías fundamentales, periodistas y líderes opositores y que se libere a los detenidos arbitrariamente».
Con respecto a las graves condiciones de detención en los centros penitenciarios y complejos judiciales, el Comité pidió a Nicaragua garantizar que las condiciones de detención cumplieran plenamente con las normas de las Naciones Unidas, especialmente las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, asegurando una atención médica adecuada para las personas privadas de libertad.
«Cancelación de ONG, un patrón de represión»
Por otra parte, el Comité y expertos señalaron el cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, y enfatizaron que «es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en los activistas y las personas defensoras de derechos humanos en todo el país».
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Según el informe del Comité contra la Tortura, en una carta dirigida al Gobierno Ortega, el lunes, 25 de julio, le aseguraron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones «representa un claro patrón de represión del espacio cívico».
Señalan que si bien es cierto, el cierre del espacio cívico se ha observado desde la crisis de 2018 se ha acelerado como consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro que entró en vigor recientemente.
Además, indican su preocupación sobre el efecto disuasivo que la cancelación de oenegés tienen sobre actores de la sociedad civil. «Cientos de activistas ya han huido el país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias», afirman.
Pese al reiterado llamado de la ONU y de otras organizaciones para que el régimen de Nicaragua cese la represión contra los nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo han incrementado su persecución y encarcelamiento contra opositores, periodistas y activistas políticos.
