Familiares de Miguel Mendoza y Tamara Dávila denuncian un mes de incomunicación con los presos políticos, quienes están recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote». Exigen que les permitan comunicarse y que sus hijos puedan tener contacto con ellos.
Los parientes de Mendoza denuncian que esta situación implica una «tortura psicológica. Hoy se cumple un mes de la última visita; se desconoce su estado de salud. También cumple 385 días de estar secuestrado en El Chipote. Demandamos el respeto de los derechos humanos y su libertad ¡Es inocente!», expresaron por medio de sus redes sociales.
Noticia relacionada: Miguel Mendoza realiza ayuno, a un año como preso político de Ortega
El periodista deportivo cumplió el 23 de junio un año de detención sin poder ver a su pequeña hija. «Un año tiene la niña sin poder escucharlo, más que por los vídeos publicados por Miguel (antes de su detención), pero no ha tenido una mínima comunicación, ni una llamada telefónica», denunció su esposa Margin Pozo.
«Las condiciones siguen siendo inhumanas, la alimentación no es la educada ni la ideal para un paciente crónico como él. No le permiten lectura. Un año sin poder leer nada, ni siquiera le permiten la Biblia; tampoco el ingreso de una colcha para protegerse del frío…». agregó su compañera de vida.
Por su parte, Josefina Vijil denuncia que Dávila cumple 30 días desde la última visita. «No sabemos nada de nuestros/as familiares desde ese día. Exigimos visitas y que sus hijas e hijos puedan visitarles. Mi nieta de 6 años necesita y tiene derechos de ver a su mamá», refiere Vijil por medio de un tuit.
Dávila es una psicóloga feminista que desde 2018 participa activamente en movimientos de protesta y solidaridad. A lo largo de los últimos tres años ha sido detenida en varias oportunidades, golpeada, amenazada y mantenida en un constante hostigamiento por fuerzas policiales o paraestatales.
Noticia relacionada: Hija de Tamara Dávila se gradúa de preescolar con su madre en prisión
Fue detenida de manera arbitraria el 12 de junio de 2021, cuando efectivos de la Policía al servicio de la tiranía Ortega-Murillo allanaron su vivienda sin orden judicial. Desde entonces, se encuentra en prisión y solo ha recibido ocho visitas en más de un año de encierro en el que no ha podido tener comunicación con su hija.
Dávila es acusada por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional» y «traición a la patria» bajo la Ley 1050, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica creada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para perseguir a la oposición e inhibirlos a cargos de elección popular.