El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU exigió al Gobierno cubano informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer, detenido tras las protestas del 11J, de quien su familia no tiene noticias desde el pasado 4 de junio, informó este jueves la ONG Prisoners Defenders.
En una nota de prensa difundida por la ONG, se detalla que Naciones Unidas respondió de esta manera a una solicitud previa de la asociación, con sede en Madrid.
“Entre otras acciones, se inició procedimiento de Habeas Corpus que Cuba no respondió cumpliendo los procedimientos formales y temporales exigidos por la propia Ley de Cuba”, señala Prisoners Defenders en su comunicado.
Anteriormente, Naciones Unidas logró que la familia se comunicara con el disidente en enero de este año, meses después de su detención.
En una carta dirigida al Gobierno de la isla, el Comité de la ONU recuerda que “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, cualquiera sea la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento” constituye una “desaparición forzada”.
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Ferrer, histórico opositor en la isla y líder de la ilegalizada Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), se encuentra preso en la cárcel de Mar Verde (Santiago de Cuba, oriente) tras intentar sumarse a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).
La última comunicación entre Ferrer y su familia fue una llamada telefónica del 4 de junio que fue “abruptamente cortada”, según Prisoners Defenders.
El pasado lunes, los familiares informaron el contenido de la resolución del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba en el que se negó el habeas corpus.
En el documento, difundido en redes sociales, se señaló que Ferrer “tiene que cumplir cuatro años y catorce días que le restan de su sanción” en la prisión de Mar Verde.
La Justicia cubana revocó en agosto del año pasado el beneficio de detención domiciliaria del conocido disidente y lo condenó a permanecer en la cárcel los años que le restan de condena por una supuesta agresión.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan.
Tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.
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Más de un año después, el disidente fue encarcelado de nuevo por unirse a las protestas ciudadanas que el lunes cumplirán su primer aniversario.
Ferrer, de 51 años, es uno de los disidentes más conocidos fuera de la isla, ya que formó parte del “grupo de los 75” condenados en 2003 durante la ola represiva conocida como “primavera negra” y liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia católica y el Gobierno español.
