El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) respaldó este martes el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó la liberación del periodista deportivo Miguel Mendoza y otros ocho presos que el Gobierno de Daniel Ortega identifica como opositores.
Mendoza, quien criticaba públicamente al Gobierno sandinista, fue capturado en julio de 2021, durante una ola de arrestos contra disidentes en el marco de las elecciones generales de noviembre de ese año.
En su resolución, la CorteIDH también ordenó al Gobierno de Ortega que tome medidas para garantizar la integridad y la vida de Mendoza, así como de otros ocho convictos.
“Exhortamos públicamente al Gobierno de Nicaragua para que, sin vacilaciones, acate lo resuelto por la CorteIDH y cumpla con cada uno de los siete puntos resolutorios que son de ineludible cumplimiento, brindando todas las garantías señaladas por el tribunal regional”, resaltó PCIN en una declaración.
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Entre los puntos resolutorios, la CorteIDH ordenó a Nicaragua que “proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios”.
También mandó “adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad” de los beneficiarios y de sus familias.
Además de Mendoza, la resolución de la CorteIDH tiene como beneficiarios al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, y los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.
También al exsacerdote Edgard Parrales, al exdiplomático Mauricio Díaz, al comentarista Jaime Arellano, y al líder juvenil Max Jerez.
En el último año, la CorteIDH ha ordenado la liberación de 30 “presos políticos” nicaragüenses, incluyendo los que tienen arresto domiciliario, pero hasta ahora el Gobierno de Ortega ha ignorado los mandatos.
PCIN subrayó que “solamente con la liberación inmediata y la adopción de las garantías señaladas por la CorteIDH podrá evitarse que continúe la violación de los derechos humanos de los beneficiarios”.
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En los últimos cuatro años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos, y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han emitido resoluciones para que el Gobierno de Nicaragua libere de forma definitiva a los opositores presos, pero las mismas, que no son vinculantes, tampoco han tenido éxito.
Desde abril de 2018 Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que, según la CIDH, ha dejado al menos 355 muertos.
La misma se agudizó en 2021, tras las elecciones generales, en las que Ortega obtuvo una nueva reelección, con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y con siete de sus adversarios en prisión más dos en el exilio.