La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este lunes al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de nueve presos políticos y tome medidas para garantizar su integridad física.
En una resolución de medidas provisionales emitida este seis de junio, la CorteIDH requirió al Estado nicaragüense “que proceda a la liberación inmediata” del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Edwing Healy Lacayo, y el vicepresidente de esa organización, Álvaro Javier Vargas Duarte, así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Pedro Joaquín Mena Amador.
La lista la completan Jaime José Arellano Arana, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio José Díaz Dávila, Max Isaac Jerez Meza y Edgar Francisco Parrales.
En la resolución también exigieron a la dictadura de Nicaragua adopte “de forma inmediata” las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de las personas antes indicadas y de sus núcleos familiares.
“Las detenciones y procesos penales iniciados hacen parte de un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas del actual gobierno de Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2021”, señala la resolución.
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#MedidasProvisionales 👩🏾⚖️👨🏿⚖️Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2022 en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua 🇳🇮.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 7, 2022
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Informar a más tardar el 17 de junio
La resolución además indica que el régimen de Ortega deberá informar a la Corte IDH “a más tardar” el 17 de junio sobre las medidas adoptadas en favor de los presos políticos y sus núcleos familiares. Añade que posteriormente, el Estado deberá presentar un informe respecto de las medidas adoptadas de conformidad con esta decisión.
La CorteIDH también ordenó al Estado que “proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios”.
Esta resolución es una ampliación de otras que la CorteIDH ha venido emitiendo en los últimos meses en favor de opositores presos en Nicaragua que se mantienen en prisión.
Entre los beneficiarios de las medidas emitidas meses atrás se encuentran la aspirante presidencial Cristiana María Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco, Pedro Salvador Vásquez, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray.
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Además, Miguel de los Ángeles Mora Barberena, Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca y José Bernard Pallais Arana.
El resto son Juan Sebastián Chamorro García y Félix Maradiaga, ambos aspirantes presidenciales, así como de José Adán Aguerri Chamorro, Violeta Mercedes Granera Padill, Daisy Tamara Dávila Rivas, Lesther Lenin Alemán Alfaro y Freddy Alberto Navas López.
La privación de libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se acentuó en 2018, cuando los nicaragüenses salieron en masa a protestar contra Ortega, y fueron reducidos con ataques armados.
