El observatorio electoral independiente Urnas Abiertas anunció este miércoles, 25 de mayo, su jornada de fiscalización para el proceso electoral municipal en Nicaragua, previstos para el mes de noviembre de 2022. Además, llamó a las redes ciudadanas «a ser parte de esta misión».
Señalan también que la observación de este año estará enfocada en documentar las condiciones habilitantes para el sufragio e indagar el tipo y nivel de control que tiene el Ejecutivo sobre los poderes locales.
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En cuanto a los objetivos de la observación en los comicios municipales, Urnas Abiertas pretende evaluar la transparencia de la gestión municipal y cómo esta impacta en las condiciones de vida de las y los nicaragüenses.
«El acceso a servicios públicos, programas sociales y proyectos de infraestructura que garantizan condiciones de vida digna de las personas dependen en su mayoría del trabajo que ejecutan las municipalidades con los impuestos de la ciudadanía, un poder local cooptado por actores ajenos a la voluntad popular de la propia localidad y corrupto es incapaz de responder a las demandas ciudadanas», enfatizan.
Además recuerdan que para estos próximos comicios municipales se elegirán a 153 alcaldes o alcaldesas y a más de seis mil concejales.
«Sin cambio verdadero no puede haber un proceso íntegro y legítimo»
Por su parte, Olga Valle, directora e investigadora de Urnas Abiertas, dijo a Artículo 66 que sin un cambio verdadero en las condiciones democráticas es imposible pensar que el proceso pueda ser íntegro y legítimo; «hasta el momento vemos que el CSE (Consejo Supremo Electoral) está actuando de la misma manera poco transparente que el año pasado» afirmó.
Referente a la reforma aprobada para estos procesos, Valle explicó que no hay transparencia cuando se aprueba «una reforma que no trae cambios de fondo y sin escuchar a todos los sectores involucrados en el proceso político del país. Además, retrasa la convocatoria de las elecciones sin informar razones ni aclararle a la ciudadanía».
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«Vemos también un incremento en el control totalitario que el régimen está ejerciendo contra la ciudadanía en general, y de manera específica contra trabajadores del Estado, por esta razón seguimos advirtiendo de que si se mantienen estas condiciones estaríamos presenciando un año más, un proceso que carece de legitimidad», recalcó.
Fiscalizando la corrupción en las alcaldías
Urnas Abiertas indicó que la fiscalización al poder local se hace importante, pues las alcaldías son pieza fundamental de la estrategia totalitaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Sabemos que cualquier proceso gestionado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) va a carecer de legitimidad. Sin embargo, reconocemos que a nivel local existen relaciones de poder, redes de corrupción y otras dinámicas que merecen ser fiscalizadas, documentadas y denunciada», expresó Olga Valle.
«Persiste el compromiso de fiscalizar, documentar y evidenciar las anomalías y la ausencia de condiciones democráticas, de seguir exigiendo un proceso electoral íntegro y creíble, de seguir construyendo ciudadanía a través de los procesos de observación, de seguir trabajando en colaboración con las redes ciudadanas, pero sobre todo de seguir siendo testigo la resistencia cívica que se demuestra en la abstención y en la fiscalización”, apuntó.
Durante las elecciones generales de 2021, las redes ciudadanas de Urnas Abiertas recopilaron 2,031 reportes de anomalías y violencia política provenientes del 84% de los municipios del país, lo que permitió concluir que de manera generalizada los comicios se dieron bajo un absoluto control policial y paramilitar.
Por su parte, Ivania Álvarez, directora de redes ciudadanas de este organismo, explicó que «las alcaldías locales fueron las instituciones que más vehículos pusieron a disposición para el traslado de votantes y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), evidenciando de esta manera la acción coordinada que existe entre todas las instituciones públicas y el Ejecutivo».
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«Las alcaldías carecen de autonomía municipal y responden a las directrices nacionales del partido, un ejemplo claro es la sanción impuesta por el Departamento de Estado de Estados Unidos a tres alcaldes nicaragüenses por estar vinculados a las graves violaciones de Derechos Humanos que se dieron en Nicaragua a partir de 2018: Sadrach Zeledón (Matagalpa), Leónidas Centeno (Jinotega) y Francisco Valenzuela (Estelí)», añadió Álvarez.
Desde el 2021 se ha denunciando que no existen garantías en Nicaragua para celebrar unas elecciones presidenciales, mucho menos ahora con unas elecciones municipales donde todo es controlado por la dictadura de Daniel Ortega que continúa su ola de represión y asedio contra los nicaragüenses.
