Urnas Abiertas denuncia «situación crítica» de violaciones a los derechos humanos en la Costa Caribe de Nicaragua

El observatorio Urnas Abiertas presentó su décimo informe dedicado a la jornada electoral en la Costa Caribe de Nicaragua en la que denuncian la situación de violencia presentada en los territorios indígenas. Igualmente, señalaron las anomalías recibidas durante el proceso de votaciones del siete de noviembre.

«Para la Costa Caribe, como para el resto del territorio nacional, este proceso electoral no constituyó un proceso democrático, ni representa de ninguna manera la voluntad popular», destaca el informe de la organización. La violencia política se registró un total de 72 veces desde 10 de los 20 municipios de la Costa Caribe y 194 reportes ciudadanos vinculados a 626 anomalías.

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Subrayan que la actual situación de estas comunidades es «sumamente crítica, no solo por las manifestaciones sistemáticas de violencia política que continúa ejerciendo la dictadura Ortega-Murillo en todo el territorio nacional, sino también por las invasiones armadas bajo el auspicio del Estado, la militarización de los territorios protegidos y la explotación indiscriminada de los recursos naturales».

El documento destaca que desde 2018 se ha registrado un incremento considerable en las invasiones por parte de colonos que se apropian ilegalmente y por la fuerza de los territorios de propiedad comunal para la extracción de madera, la producción agrícola irresponsable y la implementación de prácticas de pesca inadecuadas.

Los territorios indígenas han padecido la falta de políticas públicos que ayuden a detener la invasión de colonos en sus territorios, la comunidad internacional ha denunciado el silencio del régimen ante estos crímenes que han dejado una gran cantidad de pérdidas humanas y económicas para los habitantes.

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Urnas Abiertas informó que los municipios con mayores reportes de anomalías en el Caribe Norte son: Bonanza, Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, Siuna, Wasalala y Waspán. De la Costa Caribe Sur recibieron reportes del 83% de los municipios: Bluefields, Desembocadura de Río Grande, El Rama, El Tortuguero, Islas del Maíz (Corn Island), Kukra Hill y La Cruz de Río Grande.

El organismo continúa denunciando un «proceso viciado e ilegítimo» que no cumplió con ninguna condición democrática y al contrario la represión, «el desempeño a lo interno de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no pudo ser observado de manera adecuada debido a la exclusión de partidos de oposición, el cierre del espacio cívico, la prohibición de observación electoral independiente y por la colaboración que existió entre los partidos inscritos en la contienda con el Frente Sandinista» eliminó la legitimidad del proceso.