El observatorio Urnas Abiertas denuncia que el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen de Daniel Ortega, «continúa comprometiendo la integridad electoral», a pocos meses de las elecciones municipales de noviembre 2022, donde se elegirán a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de seis mil concejalías.
La organización se encuentra preocupada porque «hasta ahora dichos comicios no han sido convocados y se desconocen las razones que provocan el retraso, más bien permanece un estado de hermetismo y completo silencio», demandan al CSE «como poder encargado» asumir su responsabilidad de hacer del conocimiento público sobre cualquier situación que altere las funciones correspondientes al proceso electoral.
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Aseguran que «desde el pasado viernes, 13 de mayo, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) activaron publicaciones políticas partidarias bajo la etiqueta o hashtag #PuebloAlcalde para promover la ejecución de proyectos urbanísticos en diferentes municipalidades, elogiar la gestión realizada por alcaldías sandinistas y anunciar que seguirán “luchando por nuevas oportunidades” y “vamos con todo”».
Destacan la disminución en los tiempos de convocatoria de las elecciones, un comportamiento que aseguran ha sido «sistemático registrado a lo largo de los últimos tres procesos municipales. Para este 2022, se desconoce cuánto tiempo será reducido el período y cuándo se convocará oficialmente».
«El gobierno continúa comprometiendo la legitimidad de estos comicios, la demora en la convocatoria de las elecciones, además de ser una práctica sistemática, es una decisión discrecional del CSE que afecta la posibilidad de que exista una verdadera organización, participación y fiscalización ciudadana. El fortalecimiento institucional democrático es parte de los compromisos del Estado de Nicaragua con los instrumentos normativos del Sistema Interamericano y su ordenamiento jurídico interno», agrega Urnas Abiertas.
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El partido de Gobierno ocupa todos los cargos de magistrados en el CSE y los propuestos por los partidos señalados de ser colaboracionistas, quienes contaron con el apoyo de los diputados orteguistas.
Además, en solamente un año, Ortega ha planteado dos reformas a la Ley Electoral, la primera la aprobaron los parlamentarios aliados a la dictadura el 4 de mayo de 2021, en una sesión donde también eligieron a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE).
