La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que están pidiendo al régimen de Nicaragua liberar a los presos políticos detenidos previo a las elecciones del año pasado, en las que el dictador Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato.
En una entrevista grabada y transmitida durante la primera jornada de la reunión de líderes del sector privado y público «Bloomberg New Economy Gateway Latin America», celebrada a las afueras de Ciudad de Panamá, Bachelet manifestó que «en Nicaragua hay muchas personas que han sido arrestadas bajo el contexto de las elecciones del 2021 y eso es extremadamente inquietante, están haciendo un llamado a las autoridades para que liberen a aquellos detenidos de manera arbitraria».
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La presa política María Esperanza Sánchez, desde el 12 de mayo, ha presentado afectaciones en su salud y actualmente se encuentra internada en el centro médico del penal de mujeres conocido como «La Esperanza», debido a «cuadros graves de asma, presión arterial alta y dificultad para caminar», denunció el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX).
La agrupación política señaló que, a pesar que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional le están brindado atención médica a la líder opositora, no es la adecuada y, por lo tanto, «no han podido estabilizarla». Los familiares de Sánchez se encuentran «preocupados» por el grave estado de su salud y temen por su vida.
Los sacerdotes de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua rechazan la persecución ejercida por el régimen de Daniel Ortega a sus religiosos. En una nota de prensa, la entidad católica asegura que continuará denunciando las «estructuras sociales del pecado» y estará siempre acompañando «al pueblo, los pobres y los débiles».
El religioso de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, Harving Padilla, actualmente es víctima del asedio ejercido por Ortega, con patrullas policiales coludidos con personas vestidas de civil rodeando el templo.
Este miércoles también se conoció que el sacerdote Uriel Vallejos fue asediado por los policías que custodian la Nunciatura apostólica en Managua. El sacerdote fue fotografiado y le pidieron su cédula de identidad.
La aplanadora de diputados sandinistas consumó la cancelación de la personalidad jurídica a 25 organizaciones no gubernamentales que trabajan diversos temas en el país. El diputado orteguista Filiberto Rodríguez, el verdugo de las ONG, fue quien solicitó al parlamento nicaragüense que ilegalizara a esta nueva tanda de organizaciones.
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Según el decreto legislativo, aprobado con el voto favorable de los 74 orteguistas, las ONG habrían violado la Ley de Lavado de Activos al no presentar la documentación requerida para continuar operando en el país.
Otras 19 asociaciones están en la lista de próximas cancelaciones de personalidades jurídicas, entre ellas el Festival Internacional de Poesía de Granada y la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (ONAP).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que el régimen de Nicaragua asegura que más de cuatro millones de nicaragüenses tienen el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. En esta misma semana se reportó que el Ministerio de Salud (Minsa) aplica biológicos vencidos Sputnik Light y Pfizer, dos lotes de vacunas que se desconoce a cuántas dosis ascienden.
El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, afirmó que, con la información brindada a la OPS, Nicaragua «ya tiene más de cuatro millones 700 mil personas vacunadas con el esquema completo».
