Máximas restricciones por parte de la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega sufren los nueve presos políticos que están actualmente bajo el régimen de arresto domiciliario.
Fuentes en condición de anonimato revelaron a Artículo 66 que las medidas son extremas para los reos de conciencia a pesar que están en su hogar. «Lo único que están en sus casa, pero de allí todo es casi igual o peor porque hasta a los familiares se les violenta sus derechos», detalló el informante.
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Se denunció que entre las violaciones a los derechos de los rehenes de conciencia están la inhabilitación a llamadas telefónicas, cancelación del servicio de televisión por cable, vigilancia hasta para ir al baño.
Señalan que cada preso político en casa por cárcel tiene entre cuatro a cinco policías «vigilando» las 24 horas del día, quienes exigen se les dé de comer tres veces al día. «Todos los días llega una patrulla policial a dejar comida a los oficiales, pero los agentes exigen que se les dé de comer (en las viviendas de los prisioneros) bajo las amenazas de que si no lo hacen pasarán un reporte a El Chipote», informó la fuente.
Agregan que cuando es la hora de desayunar, almorzar o cenar, el oficial de la Policía de Ortega que permanece dentro de la vivienda se sienta junto al preso político.
Vigilancia hasta para ir al baño
Otra de las denuncias en contra de los policías orteguistas es el hostigamiento para con los opositores secuestrados, ya que los persiguen cuando van al baño, al patio, a la habitación, y hasta para tomarse un café.
Las mismas medidas son para los familiares de los rehenes políticos, ya que no se les permite escuchar música ni estar mucho tiempo con el celular. «En una ocasión unos familiares de uno de los presos estaban escuchando música en su cuarto y un oficial llegó a golpear la puerta amenazando que enviaría un reporte porque eso está prohibido», denunciaron personas cercanas a las familias de los críticos de la dictadura de Ortega.
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En cuanto a la atención médica, el régimen de Ortega prohibió que sean llevados a una clínica privada o que un médico llegue a atenderlos a sus casas. La única opción «si quieren» es ir a «El Nuevo Chipote» para ser atendidos por un doctor general.
«Los familiares de los presos han preferido no llevarlos a El Chipote porque por la mala atención médica y las situaciones precarias fue por las que están en sus casas, pero no tienen derecho a una atención adecuada, así que prefieren aguantar que ir a morir en manos de la Policía», indicó.
Ante estos actos de torturas —a como lo califican familiares de los presos políticos— un abogado defensor de derechos humanos dijo en condición de anonimato que es una grave violación a los derechos humanos, porque está prohibido que se viole la privacidad a una persona, independientemente que esté en casa por cárcel.
«Es una grave violación porque la ley señala que todo preso por cualquier causa tiene derecho a una atención médica adecuada y no debe ser objeto de chantaje ni se debe coaccionar, pero todos esas violaciones se tienen que denunciar para que no queden impune». afirmó el jurista.
La dictadura mantiene en casa por cárcel a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, a los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Edgard Parrales y al exdiputado José Pallais.
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Están bajo el mismo régimen el directivo del diario La Prensa y miembro del anulado Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Pedro Joaquín Chamorro, el exembajador y aspirante presidencial Arturo Cruz, a la exdiputada María Fernanda Flores, al opositor Noel Vidaurre y al comentarista político Jaime Arellano, la mayoría acusados y condenados de por supuesta traición a la patria.
La decisión de cambió de régimen carcelario se dio luego de la muerte del general en retiro Hugo Torres, quien falleció bajo custodia policial. Artículo 66 intentó contactarse con los familiares de los opositores, sin embargo fue imposible establecer comunicación.
