La directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Leonor Arteaga, advirtió este martes que las detenciones de las que las autoridades no dan información a las familias bajo un régimen de excepción vigente en El Salvador se pueden considerar como “desapariciones forzadas”, de acuerdo con el derecho internacional.
El Congreso de El Salvador, a solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó y amplió un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de 87 personas a finales de marzo.
En este marco, las autoridades han detenido a 27.344 supuestos pandilleros y en algunos centros de detención de la Policía se observan a familiares, principalmente mujeres, buscando información sobre los detenidos.
“¿Se están cometiendo desapariciones forzadas en El Salvador en el marco del régimen de excepción? Podemos argumentar que sí, según el derecho internacional”, publicó Arteaga en su cuenta de Twitter en referencia a los reportes de “casos de detenciones -arbitrarias- por el Estado, sobre las cuales luego no se da información”.
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Indicó, que según la Convención Interamericana y la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas, “nadie puede ser detenido en ‘secreto’, las privaciones de libertad siempre deben constar en un registro y existir comunicación con la familia”.
“Por tanto, estas detenciones secretas tienen que investigarse, al menos temporalmente, como desapariciones forzadas, tomando en cuenta el contexto caracterizado por capturas masivas, casi sin garantías de debido proceso y escaso control judicial”, agregó la letrada.
Entre las garantías constitucionales que suspende el régimen de excepción se encuentra el derecho a la defensa en caso de detención.
Arteaga añadió que “aun si esa falta de información se debiera al caos en las estaciones policiales que han provocado las numerosas detenciones, el Estado tiene el deber de organizarse y proveer recursos para prevenir las desapariciones”.
Señaló que el país centroamericano “no es parte de las Convenciones sobre Desapariciones Forzadas, pero se encuentra obligado por la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
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Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo de Nayib Bukele durante el estado de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a la problemática de las pandillas.
Cinco organizaciones humanitarias reportan al menos 338 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción, que se extenderá al menos hasta finales de mayo.
La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, que representa más del 70 % de los casos en los datos de algunas organizaciones.
