La exnuera de la pareja presidencial de Nicaragua Yadira Julieta Leets Marín abandonó el país con dos de sus hijas, sin intención de regresar, reveló el diario La Prensa. Leets, quien estuvo casada con el sancionado Rafael Ortega Murillo hasta el 2019, salió de Nicaragua en enero y actualmente se encuentra en Panamá junto a Ariana y Libia, nietas de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La salida de las tres personas se debió a un presunto «malestar interno y callado entre varios miembros de la familia» y fue Murillo quien dio el permiso para que se fueran. Sin embargo, otras fuentes indican que la familia en el poder «se estaría preparando para condiciones más duras que estarían por venir».
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El nombre de Yadira Leets salió a relucir cuando los Ortega-Murillo ingresaron en el negocio petrolero en 2009. La exesposa del hijo mayor de la familia presidencial sirvió de directora de las empresas DNP-Petronic e Inversiones Zanzíbar, ambas sancionadas en el 2018 por Estados Unidos, y llegó a figurar como accionista o directiva en al menos cinco empresas vinculadas a la familia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, introdujo una iniciativa de ley para cambiar el régimen de personas jurídicas a cinco Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL). El funcionario del régimen alegó que la Asociación Española Nicaragüense, Club Terraza, Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y el Centro Ecuestre Cocibolca (Asoceco) realizan actos de comercio, por lo que pide que sean inscritas como sociedades mercantiles.
Una vez que los sandinistas aprueben la iniciativa, el Ministerio de Gobernación procederá de oficio a la cancelación de las personalidades jurídicas de estos organismos.
Los empresarios presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas fueron sentenciados a 13 y 9 años de prisión, respectivamente. El juez Ángel Jeancarlos Fernández González condenó a Healy por presunto menoscabo a la integridad nacional, y a Vargas por conspiración. Los exdirectivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fueron detenidos en octubre de 2021 en un contexto de arrestos contra las voces críticas de la dictadura.
La ministra de Exterioresde Chile, Antonia Urrejola, aseguró que el gobierno de Gabriel Boric se encuentra sumamente atento a la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua y le «preocupa» que la administración de Daniel Ortega haya optado por aislarse de la comunidad internacional.
La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio las declaraciones a periodistas nicaragüenses durante su participación en el acto de investidura de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.
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La organización regional Voces del Sur documentó 68 casos de violaciones a la libertad de prensa cometidas en el mes de abril en Nicaragua. El informe detalla que los medios de comunicación fueron el principal blanco de agresiones con 61 denuncias; el resto recayó sobre siete personas naturales.
Según el monitoreo, los agentes estatales son los principales perpetradores de agresiones en contra de la prensa independiente, seguido de los No Identificados, pero que su accionar es similar al de los paraestatales. Los casos se reportaron en Managua, Carazo, Masaya, Caribe Sur y Rivas.
Diputados del Parlamento Europeo propusieron sancionar a 14 jueces del régimen de Daniel Ortega que han participado en los juicios contra los presos políticos.
Los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas enviaron una carta al Alto Representante de Exteriores, Josep Borrell, en la que señalan que «la impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país. Con estas sentencias judiciales ilegítimas contra presos políticos detenidos arbitrariamente, los jueces también se han convertido en responsables de violaciones de los derechos humanos».
La lista incluye a Luden Martín Quiroz, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, Ángel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva y Nadia Camila Tardencilla, quienes han prestado sus servicios para sentenciar a los presos políticos de «El Nuevo Chipote».
Los eurodiputados también piden sancionar a Melvin Leopoldo Vargas García del Juzgado Séptimo Distrito Penal Managua, quien condenó a la joven opositora Samantha Jirón; a Irma Oralia Laguna Cruz, del Juzgado Primero Distrito Penal Managua, que procesó a la presa política Evelyn Pinto, y a Karen Chavarría, quien ya fue penalizada por Estados Unidos.
La lista la completan Verónica Fiallos Moncada del Juzgado Distrito Penal Ocotal; Rosa Velia Baca Cardoza del Juzgado Distrito Primero Penal Chinandega; William Irving Howard López, del Juzgado Distrito Penal de Juicios de Masaya y Erick Ramón Laguna Averruz del Juzgado de Distrito del Departamento de Estelí; y Rolando Sanarrusia, Juez Sexto Penal de Audiencia de Managua, quien llevó el caso contra el opositor Yoel Sandino Ibarra.
