La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con representación en América Central y República Dominicana, denunció que Nicaragua «está viviendo el período más álgido» con la ilegalización de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, lo que aducen «intensifica la reducción del espacio cívico» en el país.
En un documento titulado “Informe Rápido Número 3”, el organismo resaltó que «en lo que va de 2022, no ha habido mes en que la Asamblea Nacional no cancele masivamente a estas organizaciones. Se está viviendo el periodo más álgido».
Naciones Unidas contabilizó 159 entidades canceladas desde el inicio de la crisis sociopolítica en el país. El cuatro de mayo, la aplanadora sandinista ilegalizó a 50 organismos más de un solo manotazo, si se suman las ilegalizadas recientemente, la cantidad ascienden a 209 ONG canceladas.
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El organismo señaló que «la suspensión y la disolución involuntaria de una asociación son las formas más severas de restricción de la libertad de asociación». Además, que decenas de miles de personas se vieron afectadas con la ilegalización de las entidades, entre los «beneficiarios de sus servicios y empleados».
Persecución a opositores y cierre de organismos
Detalló que en 2021, la cancelación de 60 ONG coincidió «con las primeras detenciones arbitrarias en el periodo preelectoral», que resultaron 46 opositores detenidos, incluidos siete aspirantes a la Presidencia de Nicaragua.
La ONU calificó como «una nueva dimensión represiva del cierre del espacio cívico y democrático» y cuestionó la persecución y criminalización contra los integrantes de las organizaciones de sociedad civil.
El organismo aseguró que Ortega arremetió contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) porque sus directivos decidieron «suspender operaciones antes que registrarse como agentes extranjeros». Eso provocó la detención de Cristiana Chamorro, directora de la fundación y aspirante a la Presidencia, de su hermano Pedro Joaquín Chamorro y sus trabajadores Marco Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez por supuesto «lavado de dinero y delitos conexos».
«En ningún caso se ha podido establecer que los fondos recibidos por la Fundación provenían de actividades ilícitas, prerrequisito para que se configure el delito de lavado de dinero», se lee en el informe.
Normas restrictivas afectan a las ONG
Tras las protestas antigubernamentales, la administración de Ortega empezó a cancelar las personalidades jurídicas de las ONG. En 2018, ilegalizó a nueve organizaciones.
La ONU indicó que entre 2019 y 2020, las organizaciones ilegalizadas se redujeron, pero el régimen de Ortega aprobó «una serie de normas restrictivas de la libertad de asociación que luego serían la base de posteriores cancelaciones».
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Alrededor de seis leyes «limitan las libertades civiles en Nicaragua», resaltó el organismo. Entre ellas figuran la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz; y la reforma a Ley de Autonomía Universitaria.
Otra de las normativas de carácter represiva es la nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro, que tiene como objetivo continuar su persecución y criminalización del derecho de asociación y participación ciudadana en el país, aseguran expertos.
«Se han promulgado leyes que, lejos de utilizarse para dar una base jurídica a las ONG y garantizar sus derechos han servido para mantenerlas bajo un estricto control y se las ha utilizado arbitrariamente para legitimar la adopción de medidas jurídicas contra ellas», subraya el informe.
La ONU sostuvo que los Estados están obligados a «respetar y proteger plenamente la libertad de asociación, también en el contexto electoral, incluidas las personas que abracen opiniones disidentes».
«El derecho a la libertad de asociación, en relación con la sociedad civil, contribuye a afrontar y resolver cuestiones de importancia para la sociedad, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la prevención de la delincuencia, la trata de personas, el empoderamiento de la mujer, la justicia social, la protección del consumidor y la efectividad de todos los derechos humanos», agregó.
