El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Asamblea Nacional aprobar una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro para legalizar la confiscación de los bienes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que les cancelen la personalidad jurídica.
El artículo 47 de la Ley establece nueve formas en las que la Asamblea orteguista puede cancelar la personalidad jurídica a las ONG: disolución y liquidación; cuando fuera utilizada para la comisión de actos ilícitos; cuando fuera utilizada para violentar el orden público; para obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección de Registro y Control del Ministerio de Gobernación; cuando desnaturalicen los objetivos y fines para el que fue creado.
Las otras razones para cancelarlas son: cuando tengan al menos un año de incumplimiento ante la autoridad de aplicación, al no reportar estados financieros y cambios en la junta directiva; cuando sus actividades sean contrarias a la naturaleza de la personalidad jurídica; por utilizar el esquema organizacional para promover, campañas de desestabilización en el país; por sanción administrativa derivada del incumplimiento de sus obligaciones o realicen acciones prohibidas.
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La parte final del mencionado artículo establece que «cuando la cancelación (de la personalidad jurídica) se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo (47) el patrimonio del OSFL (Organismo Sin Fines de Lucro) pasará a ser propiedad del Estado».
El ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, una de las ONG canceladas en 2018 por el régimen de Daniel Ortega, señala que con la aprobación de la nueva ley de Organizaciones sin Fines de Lucro, la dictadura pretende apropiarse de los bienes de las organizaciones de sociedad civil. «Es decir la nueva confiscación», denunció en su cuenta de Twitter.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Porras señala que la nueva Ley se debe a una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que señala que los «países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo».
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El informe denominado «La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua», elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, indica que al menos 115 organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido canceladas o «allanadas de facto» entre 2007 y finales de febrero, desde que Daniel Ortega llegó al poder. El 17 de marzo el régimen canceló otras 25 ONG, totalizando 140 organizaciones ilegalízalas.
El estudio detalla que en los cuatro períodos consecutivos que lleva Ortega en la Presidencia han cerrado sus puertas de manera obligada a 58 ONG locales.
También otras 16 asociaciones médicas, 12 ONG internacionales, 7 universidades internacionales, 6 universidades privadas, 5 partidos políticos, 5 gremios empresariales, 3 medios de comunicación independientes, 2 organizaciones culturales y una federación de cooperativas.
De ese total, 130 fueron cerradas desde el estallido social contra Ortega en 2018, incluyendo organizaciones que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, centros de pensamiento, entre otras, de acuerdo con el informe.
