Régimen de Ortega enmascara «sus abusos de poder» con nueva ley de ONG

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más alegó que con la reciente ley aprobada que regulará a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) el régimen de Daniel Ortega pretende continuar su persecución y criminalización del derecho de asociación y participación ciudadana en el país.

A través de un comunicado, el organismo rechazó la aprobación de la reciente «Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucros». La dictadura con la nueva legislación busca legalizar la confiscación de los bienes de las ONG a las que les cancelen la personalidad jurídica.

«Como en las otras leyes arbitrarias e inconstitucionales, con la nueva normativa de regulación de organizaciones sin fines de lucro, el régimen pretende dar un rostro de legalidad a sus abusos de poder y maquillarse ante una comunidad internacional que conoce ampliamente sobre las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas contra el pueblo de Nicaragua», señaló la entidad.

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Para el Colectivo, la nueva ley forma parte del combo de legislativo considerado «opresivo, regresivo y nocivo para los derechos humanos del pueblo nicaragüense, cuyo objetivo es fortalecer la represión, en este caso particular, en perjuicio de la sociedad civil organizada y del derecho de participación en los asuntos públicos del país».

El artículo 47 de la ley establece nueve formas en las que la Asamblea orteguista puede cancelar la personalidad jurídica a las ONG: disolución y liquidación; cuando fuera utilizada para la comisión de actos ilícitos; cuando fuera utilizada para violentar el orden público; para obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección de Registro y Control del Ministerio de Gobernación; cuando desnaturalicen los objetivos y fines para el que fue creado.

Entre las otras razones para cancelarlas resaltan qua serán aniquiladas cuando tengan al menos un año de incumplimiento ante la autoridad de aplicación, al no reportar estados financieros y cambios en la junta directiva; cuando sus actividades sean contrarias a la naturaleza de la personalidad jurídica; por utilizar el esquema organizacional para promover, campañas de desestabilización en el país; por sanción administrativa derivada del incumplimiento de sus obligaciones o realicen acciones prohibidas.

La parte final del mencionado artículo establece que «cuando la cancelación (de la personalidad jurídica) se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo (47) el patrimonio del OSFL (Organismo Sin Fines de Lucro) pasará a ser propiedad del Estado».

El organismo de Derechos Humanos detalló que alrededor de 135 organizaciones de sociedad civil han sido canceladas por la dictadura de Ortega. «Condenamos la sistemática represión que el régimen Ortega Murillo impulsa contra organismos de la sociedad civil, violentando los derechos humanos de miles de personas beneficiarias», se lee en el comunicado.