El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó este viernes las expulsiones y deportaciones de al menos cinco artistas y productores musicales de Nicaragua, incluida una artista italiana.
A través de una declaración, el Cenidh denunció que Josué Monroy, vocalista de la banda de rock alternativo Monroy & Surmenage, así como Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia, gerentes de la productora musical Saxo Producciones, que se encontraban detenidos desde el 12 de abril pasado, “fueron forzados a abandonar Nicaragua, su propio país”.
“En este contexto también se deportó al productor musical Leonardo Canales”, de nacionalidad nicaragüense-costarricense y que dirigía el espacio La Antesala, así como a la artista italiana Emilia Arienti, indicó.
Asimismo, el Cenidh alertó que aumentaron las restricciones migratorias, como ocurrió con el fundador del grupo musical La Cuneta Son Machín, Carlos Luis Mejía, a quien no le permitieron entrar a su propio país”.
Noticia relacionada: Abogada Yonarqui Martínez: «Se está desterrando a los artistas»
“Cenidh condena todas estas violaciones a los derechos humanos”, anotó esa ONG, que fue ilegalizada por la Asamblea Nacional (Parlamento) a petición del Gobierno de Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Quieren acallar la protesta social
La Policía Nacional detuvo el pasado 12 de abril a parte de los artistas y productores musicales relacionados con la banda rock alternativo Monroy & Surmenage, así como personal de las empresas Saxo Producciones y La Antesala, aunque las autoridades no han explicado bajo qué cargos lo hicieron ni los motivos legales para expulsarlos del país.
“La detención arbitraria de músicos (se) inició el 12 de abril y es una flagrante violación a la libertad individual y la libertad de expresión”, anotó el Cenidh.
Las autoridades nicaragüenses “siguen sin aclarar el motivo de la cacería, salvo el que toda Nicaragua conoce: quieren callar sus voces y todo tipo de protesta social”, agregó.
A juicio de ese organismo, esas detenciones y posteriores expulsiones y deportaciones estuvieron relacionadas al cuarto aniversario de la revuelta popular que estalló contra el Gobierno de Ortega, que las califica de un intento de golpe de Estado, y que dejó cientos de muertos.
Noticia relacionada: «Si tienen un boleto, los dejamos ir», la condición del régimen de Ortega para expatriar a músicos
“El régimen Ortega Murillo (pareja presencial) sintió miedo y profundizó la represión contra opositores, excarcelados y familiares de víctimas”, consideró el Cenidh.
Reportan 64 incidentes en 10 días
Ese organismo sostuvo que “en todo el país hubo un despliegue de patrullas y motorizados para realizar vigilancia permanente y callar las voces opositoras”.
Aseguró que entre el 12 y el 21 de abril recibieron 20 denuncias de violación a los derechos humanos y registraron 64 incidentes, “en su mayoría hostigamientos, allanamientos, detenciones arbitrarias y otras agresiones”.
En el marco del cuarto aniversario del estallido social, la Policía Nacional rindió homenaje a los 22 agentes que perdieron la vida en el marco de las protestas, que esa institución llamó como “fallido golpe de Estado”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
