El régimen de Nicaragua decidió aprobar la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) que permite a Daniel Ortega tener un control de esas entidades.
Ante esto, expertos señalan que la normativa constituye una herramienta de represión contra organismos independientes y que busca «legalizar lo ilegal» en referencia a la cancelación de ONG y confiscación de bienes. Asimismo, vila el derecho de asociación y «castiga» a las entidades que permanezcan en el país, ya que deberán someterse a lo dictado por el Ministerio de Gobernación.
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«El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en ningún momento ha señalado que el Gobierno de Nicaragua tenga que trabajar en mejorar el marco normativo en materia de organizaciones sin fines de lucro, por el contrario la organización señalaba que el país centroamericano se encontraba en el grupo de “mayoritariamente cumplido”. El GAFI no busca desalentar la existencia de OSFL (Organizaciones Sin Fines de Lucro), por el contrario ayuda a los países a protegerlas», aseguró una experta en prevención de lavado de activos, que prefirió no revelar su identidad.
Con esta reforma, las ONG quedan a merced del Ministerio de Gobernación, entidad sobre la que recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. La medida afecta también a las ONG internacionales, según la propia Asamblea.
Para la experta el régimen pretende mantener sometidas a las organizaciones independientes del país, además de tener un control del comportamiento de las mismas siendo el Ministerio de Gobernación (MIGOB) el filtro de la dictadura para esta vigilancia.
La especialista resaltó que en el país hay 6,566 OSFL registradas, aunque se desconoce cuántas están en funcionamiento debido al hermetismo del Estado. Remarcó que para poner en marcha la ley el régimen apostó a ampararse en «falsedades» con el objetivo de apropiarse de los bienes de esas ONG.
Por medio de un conversatorio virtual, la experta dijo que «el objetivo es crear una ley restrictiva, que busca a todas luces la obtención de los bienes de las organizaciones, a través de un mecanismo legal y que mejor que establecerlo en una ley».
Añadió que la dictadura montó esa ley porque «estaba teniendo algunas dificultades, no en la ejecución, sino en el sustento jurídico para las acciones de confiscación que prácticamente estaba realizando a todas las organizaciones (a las que ilegalizaron), incluyendo a las universidades, cuando les estaban tomando sus bienes aún cuando las mismas resoluciones de la Asamblea establecía que podría hacer uso de esos estatutos».
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La Ley fue aprobada con el voto de los 77 diputados sandinistas y sus aliados, con 12 abstenciones, cero en contra y dos que no ejercieron su derecho al voto. Hace dos semanas el régimen arremetió contra 25 ONGS, entre ellas una asociación de periodistas, otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, una ambientalista, y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos.
Cerca de 130 ONG han sido canceladas desde diciembre de 2018, ocho meses después de la rebelión cívica de abril.
En un estudio denominado «La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua», elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, también ilegalizadas, indicaron que hasta el 21 de febrero pasado al menos 115 ONG nicaragüenses habían sido canceladas o «allanadas de facto» desde que Ortega retornó al poder en 2007, de ellas 87 en los últimos tres años, a las que hay que sumar esas 25.