Tras la denuncia del exdiplomático Arturo McFields en contra de la dictadura, el presidente ilegítimo, Daniel Ortega, ha tenido que cambiar dos veces al embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ortega canceló el nombramiento de Francisco Campbell Hooker, apenas siete días después de haberlo colocado en ese cargo en un intento de tapar el vacío que dejó McFields.
Finalmente, Ortega quitó a Campbell, quien es embajador de Nicaragua en Washington, y puso al exguerrillero Orlando Tardencilla y a Iván Lara como su representante permanente alterno.
El régimen de Daniel Ortega destituyó a Helio César Montenegro Díaz como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), puesto que ocupó durante diez meses. Montenegro se ha desempeñado en diversos cargos en entidades financieras, académicas y sector empresarial.
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Actualmente es parte del Consejo Editorial del medio de comunicación independiente Confidencial. El régimen los sustituyó por Tirso Celedón Lacayo, exdirectivo del banco sancionado Bancorp y vinculado a los negocios del sector privado con el Seguro Social, según investigaciones periodísticas.
La vicemandataria ilegítima de Nicaragua, Rosario Murillo, se desbocó nuevamente contra los obispos, a quienes acusó de «cometer crímenes de lesa humanidad». La vocera del régimen rememoró las protestas sociales de abril de 2018, las que tildó como una «lucha de lacayos y serviles del terrorismo yanqui».
Una mujer identificada como Maritza Castro Manzanares, de 42 años, fue encontrada sin vida en el fondo de una letrina de su vivienda, ubicada en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa. Sus familiares la habían reportado como desaparecida desde el 8 de marzo, y no fue hasta el sábado, dos de abril, que fue hallada en una letrina vieja.
Las acusaciones apuntan contra su expareja Pedro Zamora, quien está preso y enfrenta cargos por abuso sexual contra una de las hijas de Maritza. Organizaciones feministas reportan más de 10 femicidios en Nicaragua, en lo que va del año.
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Las autoridades judiciales de San Carlos, Río San Juan, condenaron a los campesinos Dominga Morales Jiménez y Armando Robles Alaniz, coordinador de la Alianza Cívica en el municipio de Morrito, por los delitos de presunto «menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas».
Los presos políticos fueron arrestados un día antes de las cuestionadas elecciones nacionales de 2021 y sometidos a un juicio cuyos testigos eran policías. Fueron sentenciados a 10 años de cárcel, 800 días multa más la inhabilitación para ejercer cargos públicos en ese periodo.