La bancada parlamentaria del FSLN aprobó la reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con la que le otorgan al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la facultad de intervenir los centros de Educación Superior, y le quitan la partida presupuestaria a la Universidad Centroamericana (UCA).
El régimen de Daniel Ortega decidió repartir el 6% del Presupuesto General de la República entre sus nuevas universidades estatales y otros miembros del CNU, en su mayoría, afines a la dictadura. Expertos señalan que la reforma sepulta la autonomía universitaria.
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Por su parte, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) decidió abstenerse. El diputado Álvaro Rivera dejó en claro que el régimen excluyó a la UCA del CNU.
La Asamblea Nacional también apuntó contra las organizaciones no gubernamentales, las que se regirán por la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL). La normativa fue aprobada este día en un contexto de cancelaciones de oenegés en el país.
En la ley se faculta a la Dirección de Registro del Ministerio de Gobernación establecer una guía de presuntas «buenas prácticas para prevenir el financiamiento al terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero» en los organismos, tanto nacionales como extranjeros que desarrollan su actividad en Nicaragua.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, advirtió que la nueva ley «pretende depurar de un solo plumazo a las organizaciones de la sociedad civil y apropiarse de sus bienes, es decir, una nueva confiscación».
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves la creación de un mecanismo para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a partir de abril de 2018.
Un grupo de expertos internacionales e independientes serán los encargados de «recopilar, preservar y analizar potenciales evidencias; y —cuando sea posible— identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de promover la rendición de cuentas» en el país.
La resolución fue aprobada con 20 votos y 20 abstenciones. Los países que se aliaron a la dictadura de Daniel Ortega fueron Venezuela, Rusia, China, Cuba, Bolivia, Eritrea y el nuevo gobierno de Honduras.
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El embajador de Ortega en los Estados Unidos, Francisco Campbell Hooker, asumirá el próximo viernes, 01 de abril, el cargo de representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en reemplazo de Arturo McFields, exfuncionario que denunció las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
En medio de renuncias y deserciones dentro del Gobierno, también se conoció la «asunción diplomática» de Eleane Pichardo Urbina, una joven desconocida y sin experiencia en el servicio exterior que se convirtió en la primera secretaria de la delegación de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York, Estados Unidos.
En El Salvador, los adolescentes pandilleros irán a la cárcel y pagarán penas como adultos. El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, aprobó un controversial paquete de reformas penales que permitirá encarcelar a los menores de edad a partir de los 12 años, quienes podrán recibir penas de hasta 10 años de prisión. La condena es mayor para quienes tengan 16 años a más.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción y el gobierno de Nayib Bukele ha declarado que estas acciones son una «guerra contra las pandillas».
