Delegados de territorios indígenas del Caribe Norte de Nicaragua demandaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que realice «urgentemente el saneamiento de los territorios indígenas invadidos a como mandata la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas».
En la resolución de la Asamblea General de la Muskitia del 21 de marzo de 2022, también exigen justicia por los crímenes contra los indígenas perpetrados por colonos, la judicialización de los involucrados en las ventas ilegales de las tierras indígenas e indemnización a las comunidades por los daños ocasionados en los bosques y el ecosistema, la cultura y las formas de vida comunitarias.
Noticia relacionada: Defensores denuncian «intereses económicos del Estado» de Nicaragua como la principal razón de violencia contra indígenas
«Nos negamos rotundamente a la convivencia o cohabitación entre indígenas y colonos, debido al alto riesgo de etnocidio y a la impunidad vigente sobre los delitos contra la vida y el patrimonio comunitario. No se puede convivir con quienes han violado nuestros derechos y buscan por todos los medios posibles arrebatarnos nuestro patrimonio comunal», destacan los líderes comunitarios.
En el documento también denuncian las «tácticas dilatorias del Gobierno de Nicaragua para abordar debidamente la grave crisis de propiedad y derechos que vivimos en nuestros territorios». Dejan entrever que los comunitarios del Caribe se defenderán de los próximos ataques de los colonos «como parte de su derecho a la libre determinación, se reserva el derecho de definir sus formas de defensa de su propiedad comunal».
«Responsabilizamos al Gobierno de las consecuencias que provenga tanto para la población indígena como para los mismos colonos. Afirmamos categóricamente que no existen arreglos de ninguna índole entre las comunidades indígenas y los colonos para el arriendo de las tierras comunitarias, a través de sus asambleas comunitarias», aseguran.
«Reconocemos que no podemos esperar más a las instituciones estatales, porque vemos con mucho dolor que las invasiones avanzan imparablemente», añaden.
Noticia relacionada: Demandan al Estado de Nicaragua intervenir en ataques contra indígenas
Los dirigentes territoriales apuntan que cualquier muerte más de indígenas producto del conflicto de propiedad «será responsabilidad de la Policía Nacional, responsable de la seguridad pública, y el Ejército de Nicaragua, responsable de desarmar a colonos que deambulan en nuestros bosques equipados con armas de guerra».
El dos de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, documento en el que destaca la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense, denunciando ante la comunidad internacional que los pueblos continuaron «sufriendo discriminación y violencia».
Solicitan a Ortega que «proceda con una investigación pronta, eficaz, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente de todos los ataques armados contra los pueblos indígenas, lleve a los presuntos perpetradores ante la justicia dentro de un proceso justo y sancionar a los responsables».
