El reciente informe publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) titulado «Pues es tortura», denuncia que las comunidades indígenas de Nicaragua viven bajo tortura, masacres, asesinatos de sus líderes y desplazamiento forzado y que son formas de violencia graves que padecen y que amenazan su supervivencia.
«Ejemplo de estigmatización de los pueblos indígenas es el caso de Nicaragua. La política estatal de promover la colonización de la Costa Caribe ha convertido a los pueblos originarios de esa zona en minorías en sus propios territorios. Esa estrategia se evidenció al promoverse la construcción del canal a través de una insistente campaña publicitaria que instalaba el discurso de que los indígenas eran perezosos y no hacían producir la tierra», manifiesta el informe elaborado por la organización en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y que expone abusos en Nicaragua, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y México.
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Recuerdan la masacre perpetrada en enero de 2020 en la comunidad mayagna Alal, sin que a la fecha se reconozca la cantidad real de víctimas reportadas por los comunitarios. «En las comunidades Indígenas Mayangna de Bosawás vivimos con el sufrimiento pensando: mañana no sabemos qué territorio será atacado», regirió un líder Mayangna que por temor no reveló su nombre a los investigadores.

El organismo destacó que la violencia y la invasión no solo es ejercida por invasores armados sino que también es propiciada por los intereses económicos y políticos del Estado, siendo el caso más grave la concesión del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico.
«Los ejemplos más recientes de abusos contra los pueblos indígenas son: primero, el otorgamiento de la concesión del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en 2013 sin consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, pese a que el 52% de su ruta afecta a sus territorios ancestrales. Varias personas que se oponen a la construcción del canal han tenido que salir al exilio», denuncian.
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Aseguran que los ataques violentos contra los indígenas ha sido prácticamente absoluta. «Ante el reclamo de que no había un solo preso por los ataques contra los indígenas, la Policía Nacional respondió capturando a tres y buscando a 11 personas más», señala el documento.
Solicitan al régimen poner fin de manera inmediata a todo tipo de ataques, actos de hostigamiento, amenazas e intimidación contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Miskitu de la Reserva de Biósfera Bosawás, mediante el desmantelamiento y el desarme de todos los grupos e individuos que actúan ilegalmente en el territorio, y la toma de medidas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica».
Además, reitera la necesidad de un proceso de saneamiento de los territorios titulados «de acuerdo con lo establecido en la ley nicaragüense, como política pública para generar seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, así como reforzar la institucionalidad en materia de prevención de conflictos».