La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) presentó un recuento sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En el informe denuncian el encarcelamiento a 13 defensoras afirmando que el régimen de Daniel Ortega las ha criminalizado por su lucha en favor de «un país más justo e igualitario».
«Entre ellas hay abogadas, periodistas, feministas y defensoras de derechos humanos. Están siendo condenadas a penas que van de los 8 hasta los 18 años de cárcel. Muchas de ellas han sido criminalizadas a través de leyes como la “Ley de soberanía” y la “Ley de Ciberdelitos”, creadas o usadas para reprimir voces críticas. A otras se les han fabricado delitos relacionados con el narcotráfico, la tenencia de armas o asuntos fiscales», señala el organismo.
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Ante esta situación rechazan que las mujeres del país no puedan ejercer su derecho a la libre movilización «debido a la prohibición y represión sistemática del gobierno». El organismo registró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al menos 7 actos de hostigamiento policial y parapolicial contra 13 defensoras, 2 de ellas cuentan con medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo se ha visto preocupado por «el cautiverio al que están sometidas Esperanza Sánchez, Karla Escobar, Julia Hernández, Cristiana Chamorro, Violeta Granera, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Fernanda Flores, María Oviedo, Nidia Barbosa, Evelyn Pinto y Samantha Jirón. 14 mujeres entre las más de 170 personas encarceladas por pensar y ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, organización y expresión y demandar justicia».
Añaden que «preocupa la normalización de los hostigamientos contra las defensoras nicaragüenses. Estas agresiones tienen graves impactos sobre sus vidas y sus familias, entre otras afectaciones suponen no poder salir de sus casas para trabajar, ir a la escuela o hacer compras; agravando el impacto emocional que viven desde hace años».
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A su vez, recuerdan la ilegalización de la organización feminista Colectivo 8 de Marzo junto a 25 organizaciones más el 17 de marzo, cuando la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional resolvió cancelarles la personalidad jurídica. La organización había dado acompañamiento en los últimos cinco años a aproximadamente 10,800 mujeres y 934 niñas supervivientes de violencia y femicidio, ha brindado servicios en salud sexual y reproductiva por lo menos a 26,600 mujeres y jóvenes.
«En el contexto de un país donde la violencia machista y feminicida es incesante y donde imperan las políticas racistas del extractivismo y el despojo neoliberal, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para las mujeres y las comunidades indígenas y negras del país, dejando a estas poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad», denuncian las mujeres defensoras.
