Después de dos años de registrarse el primer contagio de COVID-19 en Nicaragua, el régimen solo asume 228 decesos y más de 18 mil contagios, pese a que en el país hubo decenas de entierros exprés.
La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha revelado que «no ha podido realizar una valoración exhaustiva de la pandemia» porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha brindado la información necesaria a dicho organismo.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 informó que, en este periodo, casi 6 mil personas han fallecido por neumonía y otros síntomas relacionados con el virus. También ha reportado más 32 mil casos sospechosos.
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El régimen continuó impulsando actividades masivas, no estableció medidas restrictivas y su plan de vacunación también es cuestionado por especialistas independientes.
Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), manifestó que los cargos contra Cristiana Chamorro y el personal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son «una farsa orquestada por el régimen Ortega-Murillo para silenciar a la sociedad civil y los medios».

La representante de la USAID sostuvo que es una organización que defiende el acceso a la información pública y fortalece el periodismo independiente en Nicaragua. La agencia era una de las que apoyaba a la cancelada Fundación, cuyos miembros fueron acusados de lavado de dinero; un delito que, según la defensa, no pudieron demostrar porque los fondos otorgados no es dinero sucio.
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La Embajada de Estados Unidos en Managua publicó que, en 2021, las familias nicaragüenses recibieron cerca 1,400 millones de dólares en remesas provenientes de esa nación.
El país norteamericano enfatizó que la cantidad representa el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, «estos fondos ponen alimento en la mesa y son el sustento de millones de nicaragüenses».
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, señaló que, en la práctica, Nicaragua está autoexcluyéndose del acuerdo comercial conocido como DR CAFTA.
Explicó que el régimen se aísla «al no respetar los principios de democracia, derechos humanos y Estado de derecho que los inversionistas encuentran cruciales al decidir dónde hacer sus actividades económicas».
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Este día, también lamentó la cancelación de otras 25 ONG en Nicaragua. Dijo que los Ortega-Murillo «están privando a los nicaragüenses de servicios sociales vitales, información confiable y oportunidades y, en su impulso por crear un estado autoritario de partido único, el régimen arrastra a todo el país por un camino oscuro».
El expolicía Bernardo Melecio Ruiz Chow fue declarado culpable por el delito de femicidio contra la abogada Martha Alicia Robinson Aragón, de 35 años; el primer crimen por violencia de género registrado este 2022.
En el juicio, que duró unas diez horas, se demostró que Ruiz Chow planificó el femicidio contra su expareja, el cual consumó la madrugada del primero de enero en Bluefields, Caribe Sur. El femicida entró a la vivienda de la víctima, mientras ella despedía el año con sus familiares en otro lugar; ahí la esperó para atacarla. La Fiscalía exige cadena perpetua contra Ruiz.