La Policía informó la captura del principal sospechoso del femicidio de Britney Olivas Herrera, de 17 años. La adolescente jinotegana fue encontrada sin vida el reciente fin de semana, tras dos días de haber desaparecido. Según la parte policial, el victimario habría sido su novio de iniciales J.P.O.A., también de 17 años. La Policía le ocupó una navaja con manchas de sangre y una motocicleta en la que se desplazaban ambos en Estelí, donde ocurrió el crimen.
La madre de la víctima, Alicia Herrera, publicó en su perfil de Facebook que el presunto femicida le quitó la vida a la menor de edad luego que ella le confesara que estaba embarazada.
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La Unión Europea (UE) demandó al régimen de Nicaragua liberar de manera inmediata e incondicional a las personas presas políticas y anular los procesos judiciales en su contra, incluidas las sentencias.
A través de su cuenta en Twitter, la Unión Europea enfatizó que «Los jueces y fiscales de estos juicios han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio Código Penal nicaragüense; la presunción de inocencia fue violada por la Fiscalía en una nota pública, calificando a los detenidos de “criminales” y “delincuentes”».
La Fiscalía no pudo demostrar el supuesto lavado de dinero y otros presuntos delitos que le imputaron a Cristiana Chamorro y otros cuatro presos políticos, incluyendo su hermano Pedro Joaquín Chamorro.
El abogado defensor Maynor Curtis explicó al programa Esta Semana que el fiscal presentó en vano una gran cantidad de documentos para intentar sustentar los testimonios de 30 «testigos», la mayoría policías, pero no logró concluir que los presos políticos hayan cometido lavado de dinero.
Cuando la defensa le preguntó a uno de los peritos si el dinero de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, llamado por sus siglas USAID, es dinero sucio, el policía contestó que no.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de «aberración a las libertades de expresión y de prensa» las condenas judiciales impuestas contra Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio del diario La Prensa.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que «es obvia la falta de independencia de los jueces nicaragüenses que siguen emitiendo fallos sin debido proceso para satisfacer a la dictadura».
Agregó que «estas condenas son una afrenta al Estado de derecho», con las que el régimen intenta legitimar el cierre de medios de comunicación y la persecución de periodistas.
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Organizaciones humanitarias solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte «medidas extraordinarias» que garanticen la rendición de cuentas del régimen de Nicaragua por los atropellos cometidos desde 2018.
En una audiencia pública, en la que se ausentó el representante de la dictadura, se analizó la situación actual del país «en el contexto de impunidad». El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que, desde que Ortega retornó al poder en 2007, se vive «una situación de destrucción de la institucionalidad» acentuado con los crímenes cometidos en el marco de las protestas sociales de hace tres años.
