El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció las «sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres» en el país, resaltando la situación que viven 14 opositoras presas políticas encarceladas por el régimen en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua.
En el comunicado divulgado este ocho de marzo retoman el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el que se señaló la necesidad de «respetar los derechos de las mujeres nicaragüense, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Fuentes de la sociedad civil reportaron 38 femicidios en la primera mitad del 2021, un aumento del 81 por ciento con respecto al mismo periodo en 2020. Nicaragua continúa teniendo el mayor número de la región».
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Feministas y organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con mujeres en todo el país, coinciden en que ser mujer en el contexto actual de represión bajo el régimen de de Daniel Ortega y Rosario Murillo es un «reto grandísimo» porque, a pesar de representar a la mitad de la población, se enfrentan a la desprotección, discriminación y violencia machista.
El colectivo lamenta que además de la situación de violencia estatal se suma la prohibición al aborto terapéutico poniendo en riesgo a mujeres y niñas, incluidas víctimas de violencia sexual, al obligarlas a continuar embarazos no deseados y de alto riesgo. También resaltan el incremento de femicidios.
«La ineficiencia del sistema judicial del país respecto a la protección de la mujer es demasiado evidente, más cuando la Ley 779 sobre la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y su reglamento limita la definición del femicidio al asesinato de mujeres solo en el contexto privado, además de permitir la mediación de la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad», denuncian.
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Aseguran que la situación jurídica se agrava al constatar la inefectividad de las Comisarías de la Mujer y de la Policía en general que «no investigan ni brindan protección a las víctimas de abuso dedicándose a perseguir, acosar y reprimir a la ciudadanía» desde 2018. Ante esto, denuncian el cierre de más de 100 organizaciones no gubernamentales de las cuales 30 de ellas se dedicaban a la protección a mujeres en situación de riesgo.
Los defensores exigen al Estado acabar con la violencia estructural contra las mujeres, el cese de la violencia sexual utilizado como método de tortura en el sistema carcelario del país y justicia «porque las nicaragüenses merecen vivir seguras, libres de violencia y discriminación».
Actualmente, hay 14 presas políticas que han destacado por su rol de lideresas desde la rebelión de 2018, son periodistas, defensoras de derechos humanos, sociólogas, empresarias, abogadas, lideresas territoriales, madres, esposas, hijas, tías y ciudadanas nicaragüenses que reciben torturas, malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes.