A nivel latinoamericano, Nicaragua ocupa el primer lugar de embarazos en niñas y adolescentes y es uno de los pocos países del mundo que penaliza el aborto, incluso en situaciones de riesgo de muerte de la mujer.
Feministas y organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con mujeres en todo el país, coinciden en que ser mujer en la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es un «reto grandísimo» porque, a pesar de representar a la mitad de la población, se enfrentan a la desprotección, discriminación y violencia machista.
En el Día Internacional de la Mujer y ante esa situación desalentadora, el movimiento feminista que defiende los derechos humanos se erige como una fuerza que denuncia y demanda un Estado que vele por el respeto y protección de las mujeres; además, que ejecute acciones para que la sociedad reconozca esos derechos.
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«En Nicaragua las mujeres nos levantamos viendo cómo vamos a hacer para sostener a nuestros hijos, buscar un empleo, enfrentar la pobreza, la violencia a diario y llevamos en los hombros estos obstáculos sociales y culturales que son un atraso para el desarrollo de todo el país. Nos enfrentamos a un sistema que nos discrimina, que nos violenta y no nos protege», dijo a Artículo 66 una integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
El desmantelamiento del marco de protección de las mujeres en Nicaragua comenzó desde finales de 2006, se prohibió toda forma de aborto, se penalizó la práctica y las leyes fueron reformadas para criminalizar a las mujeres que recurrieran a interrumpir sus embarazos. La prohibición ha provocado que estos procedimientos se practiquen en forma clandestina.
PENALIZACIÓN DEL ABORTO: UNA CONDENA DE MUERTE
El informe sobre la situación de los DD. HH. en Nicaragua, que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la alta comisionada Michelle Bachelet, resalta la prohibición del aborto en Nicaragua «no admite excepción alguna, ni siquiera por razones terapéuticas», obstaculiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La ONU recomienda al Estado nicaragüense que «modifique la prohibición total del aborto en el Código Penal para que cumpla con las normas y estándares internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
Xaviera Molina, activista feminista exiliada en Costa Rica, afirmó que es «violento» decidir sobre el cuerpo de la mujer en referencia a la penalización del aborto, dice que cada mujer debe tomar sus propias decisiones y que eso de «debe ser respetado».
Molina aseguró que, en 2006, Nicaragua dio un «triple salto mortal hacia atrás» porque, mientras la mayor parte de los países en el mundo va modernizando su legislación, en Nicaragua se vuelve a una legislación «decimonónica», de dos siglos atrás «por ganarse la simpatía de la Iglesia católica y la iglesia evangélica por parte del Frente Sandinista».
«(Daniel Ortega) ofreció el cuerpo de las mujeres a cambio de no ser castigado en las urnas o los púlpitos, no ser castigados con malas opiniones. Esta ha sido la tónica del Gobierno de Ortega y Murillo, negociar con el cuerpo de las mujeres. Poner a las mujeres como carne de cañón y ponerlas como moneda de cambio», criticó.
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Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), afirmó a este medio de comunicación que la ilegalización del aborto terapéutico es la evidencia que, a pesar de los avances de los derechos humanos, se sigue cuestionando el derecho de las mujeres a su autonomía y el derecho a decidir sobre su propia vida. «En Nicaragua la penalización total significa una condena de muerte para las mujeres y las niñas. El partido de Gobierno sigue utilizando el debate con fines políticos y para dividir a la ciudadanía», aseguró.
Por su parte, la organización Católicas por el Derecho a Decidir considera que al penalizar el aborto le están quitando un derecho de las mujeres a decidir y también están condenando a la muerte a las mujeres que por alguna enfermedad, el embarazo no puede llegar a culminar y a niñas que, producto de una violación, están obligadas a dar a luz o morir. «El cuerpo de esa niña no está apto a continuar el proceso del embarazo, no queda más que la muerte por esas leyes injustas e inhumanas para las mujeres», denunció.
«La penalización del aborto terapéutico atenta contra la vida y salud de las mujeres. Fue la primera violación a los derechos humanos que tiene que ver directamente con lo más humano que tenemos las mujeres: la salud sexual y reproductiva. Es una violencia que venimos arrastrando y venimos exigiendo (que se acabe) año con año, pero detrás de una cosa viene la otra porque en Nicaragua diario se violentan los derechos humanos de las mujeres», apuntó la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
SER MUJER EN NICARAGUA: VIVIR EN EL OSCURANTISMO MEDIEVAL
La feminista manifiesta que ser mujer en Nicaragua significa vivir permanentemente enfrentadas al «oscurantismo medieval en pleno Siglo XXI, donde nuestros derechos se convierten en discursos vacíos de quienes dicen gobernar el país, pero que en realidad mantienen un régimen de terror y violencia donde se castiga a quienes exigimos derechos y libertades»
La RMCV asegura que el común denominador de la falta de protección de las mujeres es la «desigualdad histórica» en comparación con los hombres. Dice que las mujeres están enfrentadas a conformarse con lo «poquito» que hay de los recursos económicos, recursos humanos y hacer de «tripa corazón» para sobrevivir.
Para Molina ser mujer en Nicaragua representa una serie de desigualdades como la falta de oportunidades laborales, en puestos públicos y el derecho a decidir sobre su cuerpo; también una serie de estigmatizaciones sociales y patriarcales que inhibe a muchas mujeres de ejercer actividades para desarrollarse libre y espontáneamente. «Las mujeres viven un constante terror de no regresar vivas a casa», lamentó.
«Esto tiene que ver también con la doble moral de las sociedades latinoamericanas; por un lado, te felicitan por ser ocho de marzo; por otro lado, miles y miles de concursos de bellezas donde exaltan los físicos de las mujeres, mandando este mensaje subliminal que como si solo un prototipo de mujer existe en la sociedad; pero por otro lado femicidios, abusos sexuales, desapariciones, pobreza, desempleo y discriminación», explicó la RMCV.
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La feminista asegura que, en Nicaragua debería haber un marco de protección más real y efectivo para los derechos de las mujeres. «Estamos luchando contra la mediación, los agresores, la corrupción, el tráfico de influencia que muchos agresores y femicidas tienen en las instituciones del Estado y que dejan en desprotección a las mujeres», manifestó Jiménez.
Para Ana Quirós, directora de CISAS, ser mujer en Nicaragua hoy es un enorme riesgo, se corre el riesgo de ser apresada por cualquier motivo, ser violentada sistemáticamente, ser abusada por la Policía y los funcionarios. Además, estar expuesta a la violencia social sin nadie a quien recurrir.
«La Policía y el Estado dejó de implementar programas de prevención de la violencia y programas de protección a las víctimas la mayor parte de los violadores de los hombres violentos y agresivos incluso de los fenicios están tranquilos en sus casas sin ninguna pena», adujo.
LEY 50-50, SIN IMPACTO NI SOSTENIBILIDAD
Las feministas consideran que, pese a que existe una Ley de 50-50 que busca la representación en espacios políticos de las mujeres, eso no se ve en la práctica porque quienes están tomando las decisiones del rumbo que lleva el país siguen siendo los hombres, en las instituciones del Estado. «No le veo ningún impacto positivo ni sostenibilidad. Más bien veo que utilizan a las mujeres como “fachada” para justificar que hay una ley. La calidad de la participación de la mujer no se ve en absoluto», dijo una de las consultadas.
La feminista Quirós dice que dicha ley no es más que una «pantalla» porque las mujeres en Nicaragua que ocupan puestos políticos, incluso como diputadas y presidentas de poderes del Estado y ministras son «mujeres sin voz» que no pueden hablar, porque pueden ser despedidas.
«La cantidad de mujeres funcionarias que han sido corridas es enorme, es mucho mayor que el de los hombres. Además, desde sus puestos en las diputaciones solo pueden hablar cuando se le da permiso en el partido. Deben callarse lo que piensan, lo que sienten y seguir las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellas no tienen voz, tienen derecho solo a decir sí», lamentó.
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Xaviera Molina considera que dicha ley no se cumple porque en la mayoría de los sectores laborales no «se ve la igualdad de oportunidades y más aún en sectores donde lo que se acostumbra es a hombres ocupando cargos que regularmente son de poder».
CIERRE DE ONG AUMENTA VULNERABILIDAD
La RMCV explica que el cierre de las ONG es «otro hito que violenta los derechos humanos del sector más desprotegido», la sociedad civil es un sector muy importante para empoderar a las comunidades y mujeres. Con el cierre de estas, desde el año 2018, se deja en «completa desprotección a las mujeres, ya no tienen dónde ir, llamar, acudir, no tienen una abogada o psicóloga que la acompañe a las instituciones». Las organizaciones que quedan lo están haciendo desde la clandestinidad para no ser perseguidas o violentadas.
Las ONG cumplían muchos roles que en teoría son responsabilidad del Estado, por lo que muchos de los programas de los que las mujeres eran beneficiarias no serán asumidos por el régimen u otras organizaciones, esto deja todavía más vulnerables a las mujeres en todo el país, apunta Molina.
La cancelación de la personalidad jurídica de más de 100 organizaciones afecta seriamente a las mujeres nicaragüenses en distintas formas, según Ana Quirós. Manifiesta que en la mayoría de las ONG trabajaban mujeres jefas de familia que hoy no tiene un empleo y son perseguidas por su trabajo; también son afectadas porque no reciben los beneficios y protección las mujeres que eran acompañadas por otras mujeres
FEMICIDIOS E IMPUNIDAD
Las estadísticas de femicidio, según la RMCV, reflejan el nivel de violencia contra las mujeres que ha venido escalando desde la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive el país desde 2018. Agregó que los femicidios es una muestra de lo violento que se ha convertido el país y los niveles de impunidad. «No hay ningún aparato jurídico que proteja a las mujeres de manera real. La Ley 779 existe, pero está completamente desmantelada», aseveró.
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Molina señala que el Estado de Nicaragua debe hacer los procesos legales «humanizados con enfoque de género», esto evitaría que se llegue al femicidio, el último nivel del ciclo de la violencia. «Las Comisarías de la Mujer y la Niñez deberían de contar con personal tecnificado en temas de violencia para dar una atención especializada a las víctimas y familiares que buscan ayuda para exigir justicia y cero impunidad», dijo.
«Los femicidios son una problemática muy seria porque esas mujeres asesinadas habían pasado años siendo maltratadas, violentadas y acosadas. El Estado de Nicaragua debería dejar de apañar a tantos hombres que han matado a las mujeres. La gran mayoría de los femicidas siguen libres. Algunos entraron muy brevemente a las cárceles, están en sus casas o han huido bajo la vista y paciencia de las autoridades, saben dónde están y se hacen de la vista gorda», afirmó Ana Quirós.
«El Estado debería realizar campañas permanentes, trabajar en conjunto con las organizaciones de mujeres en cada territorio y las instituciones como la Iglesia; conformar una Comisión donde estemos todas y todos, contar con materiales de educación a través de Ministerio de Educación desde los primeros grado de primaria; atención especializada a familias víctimas de femicidio; atención a los y las huérfanas, según la Ley 779; obtener justicia y no más impunidad», recomendó Católicas por el Derecho a Decidir.
También creen que el régimen debe trabajar en la prevención de la violencia con procesos de reeducación, tener tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres. «El Estado de Nicaragua nunca debió permitir que un violador llegara a la Presidencia de la República, la sola acusación que se dio hace 24 años debería haber sido suficiente para que ese hombre muriera para la política, pero ahí lo tenemos entronizado en la Presidenta de la República por décadas», exhortó la directora de Cisas.
LAS PROTESTAS Y LAS PRESAS POLÍTICAS
Otra de las demandas de las mujeres es el retorno de los espacios de manifestación y protesta. Desde la llegada de Ortega a la Presidencia de la República, el derecho a la movilización se fue reduciendo paulatinamente. Los grupos feministas son los únicos que han mantenido su voz en alto parlante para exigir el respeto de sus derechos, eso les valió la persecución del régimen y con la crisis de abril se acentuó.
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«En Nicaragua diario se violentan los derechos humanos de las mujeres y algo muy gravísimo que tenemos, y es particular de este país, es que las mujeres no podemos salir a las calles a demandar. La movilización social es un derecho y que ha sido violentado desde hace años. Es parte crucial de un país que las mujeres tengan ese derecho a movilizarse y demandar justicia o necesidades específicas», alegó la integrante del MAM.
Actualmente, hay 14 presas políticas que fueron rostros representativos en la rebelión de abril de 2018, son periodistas, defensoras de derechos humanos, sociólogas, empresarias, abogadas, lideresas territoriales, madres, esposas, hijas, tías y ciudadanas nicaragüenses que reciben torturas, malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes.
«La violencia política desde 2018 se ha centrado en castigar los cuerpos y las vidas de las mujeres. Actualmente, 14 mujeres están encarceladas y le han violado todos sus derechos y sometidas a las peores condiciones carcelarias y de torturas», denunció.
María Oviedo, Karla Vanesa Escobar, María Esperanza Sánchez, Suyen Barahona, María Fernanda Flores, Ana Margarita Vijil, Cristiana Chamorro, Samantha Jirón, Evelyn Pinto, Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Julia Hernández y Nidia Barbosa enfrentan la justicia orteguista por crímenes, que sus familiares aseguran, no cometieron.
