La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este lunes un informe sobre la brutal represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Bachelet identificó un «patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos» que suprimió las voces disidentes en el marco del proceso electoral de noviembre de 2021.
El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla la detención arbitraria de 39 críticos del régimen, la cancelación de universidades privadas, la oleada de exiliados y migrantes y denuncia la muerte del excomandante sandinista Hugo Torres, quien era preso político de la dictadura.
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Human Rigths Watch señala que el informe proporciona al Consejo los fundamentos necesarios para adoptar una postura más firme respecto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua y establezca un mecanismo de investigación internacional destinado a reunir y preservar pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
El régimen de Ortega acusó al organismo de ser «permisivo y tolerante con las barbaries» que cometen «las potencias» y de ser «irracionales con los países en vías de desarrollo, como Nicaragua».
Organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la organización Madres de Abril, participaron este lunes en la sesión de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán, uno de los jóvenes que fue asesinado el 30 de mayo en 2018, pidió a la ONU crear un mecanismo que busque justicia por las víctimas de la represión en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sostuvo la petición.
En la sesión también participó Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial preso Juan Sebastián Chamorro, quien denunció la detención de más de 170 personas por razones políticas, y las condenas injustas e ilegales que se les ha impuesto. A su vez, Julio Sandino Granera, hijo de la prisionera política Violeta Granera, demandó a los Estados miembros del Consejo de DD. HH. que «tomen cartas en el asunto».

Este día, la Cancillería trasladó a sus funcionarios de la Santa Sede a Japón y de Japón a la Embajada de Nicaragua en Suiza para ubicar a Yara Pérez en Roma, luego que la dictadura cancelara su nombramiento como embajadora en Colombia en medio de roces diplomáticos con el país sudamericano.
Para ubicar a todas sus fichas en Europa, la dictadura quitó funciones a Orlando Tardencilla, dejando sin efecto su nombramiento como ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en Ginebra. Pero, lo dejó como representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial del Comercio en la misma sede en Suiza.
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El cargo que dejó vacante Tardencilla, le fue dado a Claudia Pérez López, exministra consejera con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Japón. Al país insular de Asia, enviaron a Sandy Dávila quien llevaba cinco meses en el Vaticano.
Con estas movidas, quedó el camino libre para que Yara Pérez Calero sea la nueva ministra consejera de la Embajada de la República de Nicaragua en la Santa Sede.
Desde 2017, la dictadura ha tenido al menos seis representantes diplomáticos ante el papa. Analistas indican que los continuos cambios muestran inestabilidad en las relaciones entre el Vaticano y Managua.
Este día se conoció del aparente retiro del nuncio apostólico Waldemar Stalisnaw Sommertag. Según un comunicado de la Nunciatura Apostólica de Nicaragua, el representante de la Santa Sede se ausentó del país el domingo, seis de marzo.
El secretario de la Nunciatura, monseñor Marcel Mbaye Diouf, quedó al frente de la misión diplomática en calidad de encargado de negocios. La situación fue informada a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditadas en Managua, sin especificar los motivos del «abandono» de Sommertag.
En noviembre pasado, Daniel Ortega le quitó la decanatura del cuerpo diplomático lo que fue interpretado por analistas como una «afrenta» a la Iglesia católica nicaragüense.

Falleció el exmagistrado electoral Roberto Rivas y su muerte pasó sin pena ni gloria para el régimen de Daniel Ortega. El deceso ocurrió la madrugada del domingo, seis de marzo, luego de haber estado internado por más de cinco meses en el Hospital Vivian Pellas en Managua, por síntomas asociados al COVID-19.
La vocera del régimen, Rosario Murillo, ni siquiera se refirió a Roberto Rivas durante su llamada telefónica a medios gubernamentales, a pesar de haber sido un leal «contador» de votos de Daniel Ortega. El Consejo Supremo Electoral tampoco se pronunció sobre el fallecimiento de su expresidente, quien fue apartado del cargo luego que Estados Unidos le aplicara la Ley Global Magnitsky en 2017 por fraudes electorales y corrupción.