ONU: Al menos 144 mil nicaragüenses se han exiliado desde 2018

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó este lunes, siete de marzo, que entre 2018 y 2021 al menos 144 mil nicaragüenses optaron por el exilio debido a la crisis social, política y económica que persiste en Nicaragua después de la represión estatal desatada contra quienes se manifestaron en rechazo a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En el informe que presentó la funcionaria ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se destaca que el número de personas solicitantes de asilo o refugio en 2021 estuvo casi al mismo nivel que en 2018.

«El número de solicitantes de asilo durante el 2021 habría sido el más alto. Desde el año 2018, al menos 144 mil nicaragüenses salieron del país», detalló.

Noticia relacionada: Michelle Bachelet denuncia aumento de la represión en Nicaragua

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre 2018 y 2020, al menos 100 mil nicaragüenses salieron al exilio tras verse obligados a huir por la represión ejecutada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde las protestas iniciadas en abril.

Acnur, en 2020, señaló que Costa Rica sigue siendo el país con más solicitudes de acogida por los nicaragüenses, con 75,943 personas refugiadas. Las demás peticiones se concentran en naciones centroamericanas.  En Europa hay más de 15 mil, seguido de Panamá con 7,728 y México alberga a 2,851 ciudadanos.

La represión gubernamental ha dejado al menos 355 ciudadanos asesinados, más de 4,000 heridos, entre los cuales hay personas que quedaron lisiadas, y más de 200 mil empleos perdidos, según datos de las cámaras empresariales y organismos de derechos humanos.

Además, Michelle Bachelet instó a la dictadura de Ortega a que «ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas arrestadas y detenidas arbitrariamente y desista de todos los cargos (imputados) contra ellas».

También recomendó promover el respeto a los defensores y periodistas y permitir a los organismos defensores de derechos humanos entrar al país para documentar la situación que se vive en Nicaragua.