Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán, uno de los jóvenes que fue asesinado el 30 de mayo durante la Marcha de las Madres en 2018; pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) crear un mecanismo que busque justicia por las víctimas de la represión en Nicaragua.
La rebelión cívica iniciada en abril de 2018 desató una de las embestidas más sangrientas contra los nicaragüenses que dejó como consecuencia 355 personas asesinadas, según organismos internacionales; entre esas víctima se incluye el caso de Jonathan Morazán.
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Meza intervino en las sesión de la ONU que se celebró este siete de marzo. Durante su participación, resaltó que «acogemos su informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, pero tomamos nota de la ausencia de una mención específica sobre la impunidad en la muerte de nuestros hijos. Por buscar justicia hemos sufrido una campaña de difamación de gobierno, muchas hemos tenido que salir al exilio para salvar nuestra vida», dijo Meza en nombre de la Asociación Madres de Abril (AMA), entidad que aglutina a familiares de las víctimas registradas en el contexto de las protestas.
Añadió que «hoy estoy aquí ante este consejo de derechos humanos trayendo el clamor de nosotros las víctimas para pedirle su apoyo firme al establecimiento de un mecanismo que preserve la evidencia de las graves violaciones de los derechos humanos e identifique a los perpetradores con el fin de establecer las bases para un futuro proceso de justicia que garantice nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación».
Morazán, quien participó en la Marcha de las Madres también conocida como «la madre de todas las marchas», recibió un balazo en la frente cuando se encontraba por el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Algunos de los que participaban en la manifestación afirmaron que el tiro fue propinado por por un francotirador. El joven, de 21 años, fue trasladado al Hospital Vivian Pellas donde falleció el 1 de junio a las 10 de la mañana.
Morazán era estudiante de diseño gráfico. Empezó a protestar el 18 de abril porque estaba inconforme con la negligencia con el gobierno de turno ante el voraz incendio de la Reserva Indio Maíz y luego por el rechazo a las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Toda su familia se sumó a las protestas y su madre, Josefa Meza, desde ese día no ha dejado de demandar justicia por ese crimen.
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La petición elevada por Meza ante la ONU se realizó en el marco de la presentación del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La funcionaria de Naciones Unidas expresó su preocupación por la continuidad de los juicios políticos contra opositores.
El informe agrupa los eventos represivos en Nicaragua perpetrados por el régimen entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2021, y fue expuesto a los delegados de los 47 países miembros que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en un video pregrabado de Bachelet.
