En el 49 periodo de sesiones de las Naciones Unidas, la alta comisionada Michelle Bachelet denunció las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Al mismo tiempo, expresó su preocupación por la continuidad de los juicios políticos contra opositores a la dictadura de Nicaragua y las «duras sentencias» impuestas por funcionarios judiciales que responden a los intereses de la administración de turno.
«Observo con profunda preocupación la presente reanudación de juicios contra algunos de estos hombres y mujeres (presos políticos) durante el mes pasado (febrero) y las duras sentencias de prisión aplicadas al menos a 84 personas sin establecerse el debido proceso», señaló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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El informe, que agrupa los eventos represivos en Nicaragua entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2021, fue expuesto a los delegados de los 47 países miembros que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de un video pregrabado de Bachelet, en el que puntualizó sobre la situación de los rehenes de conciencia, entre los que se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, líderes campesinos y universitarios, empresarios, aspirantes presidenciales y activistas opositores.
«Deben establecerse garantías para asegurar la realización de juicios justos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos», demandó Bachelet.
La delegada de la ONU condenó el restringido contacto que han tenido los presos políticos con sus abogados defensores, lo que ha derivado en procesos judiciales viciados y sin garantías. «Han sido privados de todo contacto y comunicación con sus hijos menores de edad», mencionó.
Igualmente, lamentó el continuo hostigamiento a opositores, las campañas de desprestigio contra los medios de comunicación independientes, la cancelación de personalidades jurídicas a universidades y ONG. Recalcó que en los primeros dos meses de 2022, el Ejecutivo ilegalizó a 12 universidades y 26 entidades.
Desde el primero de febrero de 2022, el régimen de Nicaragua reanudó juicios políticos contra opositores. Desde esa fecha, más de 30 líderes opositores han sido declarados culpables por la justicia del régimen, la mayoría fueron señalados de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua». La Fiscalía ha pedido penas de entre ocho y 14 años de prisión, misma que es impuesta por los jueces orteguistas. Ortega tiene más de 170 personas presas políticas.
