Las abogadas Yonarqui Martínez, Eilyn Cruz y el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, coinciden – por separado – que los plazos procesales contra los presos políticos ya se extinguieron y los reos de conciencia deberían recibir un «sobreseimiento» de las acusaciones que le imputa la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una de las primeras personas detenidas fue Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial que ocupaba el primer puesto en las encuestas para derrotar a Daniel Ortega en las elecciones generales y sentarse en la silla presidencial en enero de 2022. Eso no sucedió. El régimen le decretó arresto domiciliar desde el dos de junio de 2021, cinco meses antes de las controversiales votaciones nacionales.
A Chamorro la dictadura la acusa de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. Todos estos delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una ONG que defendía la libertad de prensa en Nicaragua.
Noticia relacionada: Dictadura de Ortega busca humillar a Cristiana Chamorro: La llevan al Chipote, la visten de azul y la amarran con bridas plásticas
«Es inverosímil creer que, a través de una ONG, que ha pasado todos los filtros, se va a lavar dinero, máximo si esa ONG ha recibido fondos de los mismos cooperantes que ha recibido el Estado. Por ejemplo, fondos de la AID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), tanto las ONG como el Estado han recibido esos fondos. Al día de hoy no hemos escuchado cuál es la ilicitud de esos fondos, de dónde proviene esa ilicitud, porque se lava únicamente lo que está sucio. Difícilmente vas a lavar algo limpio, eso te dice todo», señaló Morazán.
«Esto es un circo mediático desde el inicio, para qué vas a citar a 30 testigos por el caso de la Fundación, sin embargo, cuando presentaron la acusación ya habían desfilado 21 testigos y presentaron una acusación de tres páginas que solamente con el encabezado, el pie de firma y la solicitud de trámite, la identificación de las partes y los pedimentos del fiscal, solo ahí se te van dos páginas, lo que significa que ellos presentaron una relación de hechos de un delito tan complejo en una página aproximadamente, esto es totalmente absurdo, ridículo cree que una acusación de ese calibre y tipo de connotación vas a poder transcribir en una página», agregó.
El exfuncionario del Poder Judicial manifestó que si los presos políticos son «tan culpables» por los delitos que le imputa el régimen porqué ocultan las audiencias, a los acusados y sus expedientes. «¿Por qué no le presentás al pueblo de Nicaragua ese juicio para que la gente se convenza de que eso es cierto?», cuestionó.
El jurista manifestó que se lava dinero «manipulando la ley y convirtiendo capital público en dinero que pasa a manos de privados».
La nulidad y el sobreseimiento
Morazán señaló que las violaciones procesales recaen en sí sobre las actuaciones de los jueces y que muchas de esas actuaciones lo que hace es invalidar el acto jurídico y se tendría que iniciar de cero el proceso. «En diciembre (2021) cumplieron seis meses (detenidos), el máximo tiempo que existe en la legislación nicaragüense para que un juez dicte sentencia. Estos procesos para ir a un juicio el día de hoy eso correspondería, como lo que llamamos nosotros en sentido popular: revivir un muerto», dijo.
Noticia relacionada: Régimen orteguista dicta condenas contra siete presos políticos vinculados a un grupo de WhatsApp
«Es un proceso que se extinguió, técnicamente debería dictarse un sobreseimiento por vencimiento de plazo máximo de duración del proceso», añadió.
El jurista aseguró que los jueces y fiscales que participan de todo el «circo judicial» contra los opositores cometen «prevaricato» porque «están resolviendo en contra de lo que dice la norma expresa».
«Si los procesos judiciales son un medio para secuestrarlo y torturar, contra un grupo específico, podemos estar hablando de crímenes de lesa humanidad. Esto podría ser mucho más grave porque detrás de esto hay un aparato complejo donde participan policías, fiscales, jueces, etc.», afirmó.
Los procesos penales sin detenidos
La abogada Eilyn Cruz, miembro de Acción Penal, explicó a Artículo 66 que el artículo 134 del Código Procesal Penal de Nicaragua establece los plazos que deben durar los procesos penales con acusados detenidos. Afirmó que, en el caso del delito de lavado de dinero, son seis meses y la interrupción del cómputo del plazo solo se podrá hacer a solicitud de la defensa, por caso fortuito o fuerza mayor.
La abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, dijo a este medio de comunicación que si los acusados por un delito no están detenidos no se podrá iniciar un juicio en contra de ellos. Señaló que los imputados tendrán una orden de captura en su contra, pero que no pueden ser juzgados en ausencia.
La jurista señaló que tendrían que ser aprehendidos por las autoridades y luego llevados antes los tribunales, como es el caso del periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana; los extrabajadores de la FVBCH Guillermo Medrano, Lourdes Arróliga y Ana Elisa Martínez. Los cuatro acusados que no están detenidos se encuentran en el exilio.
