La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciará este miércoles, dos de marzo, la cadena de violaciones a los derechos humanos perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, incluyendo el encarcelamiento de casi 40 líderes de oposición, activistas, precandidatos presidenciales, periodistas, líderes campesinos, empresarios, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos.
La funcionaria presentará el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el 49 periodo de sesiones, que se celebrará entre el 28 de febrero y el primero de abril de 2022, en Ginebra, Suiza.
El informe de más de 15 páginas —que por ahora solo está disponible en inglés— enumera detalladamente la serie de abusos cometidos por el régimen sandinista en Nicaragua, durante todo el año 2021.
Sobre el encarcelamiento de voces críticas y activistas opositores, Bachelet señala que «del 28 de mayo al 21 de octubre de 2021, coincidiendo con el proceso electoral, 39 (31 hombres y 8 mujeres) líderes políticos y sociales, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil fueron detenidos arbitrariamente, en cumplimiento de la Ley No. 977 contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y/o Ley No. 1055. Ambas leyes contienen definiciones ambiguas de “terrorismo” o “traición a la patria” que son incompatibles con el derecho internacional», denuncia la funcionaria de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile.
Ley de «traición a la patria» usada para perseguir a opositores
El documento, disponible en la el sitio web de Naciones Unidas, agrega que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ya había advertido sobre el carácter represivo de la Ley 1055, conocida en el país como ley de traición a la patria. «La Ley No. 1055 prohíbe postularse como candidato a cargos electos a toda persona que atente contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación, o exija, elogie y aplauda la imposición de sanciones contra Nicaragua y sus ciudadanos, o lesione los intereses supremos de la nación, redacción que carece de la precisión necesaria en la descripción de “conducta prohibida” y que prohíbe el debate político legítimo sobre el tema de las sanciones internacionales… OACNUDH había advertido previamente que esas leyes podrían usarse para perseguir arbitrariamente a opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil», reitera Bachelet.
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Igualmente, denunció que «los procedimientos judiciales contra los 39 detenidos no respetaron las garantías básicas de un juicio justo. Además, 35 permanecen en el complejo Evaristo Vásquez Sánchez de la Dirección de Auxilio Judicial, en condiciones que violan los estándares internacionales».
Presos políticos bajo «prolongado y estricto régimen de incomunicación»
El informe de Bachelet incluye detalles sobre las denuncias de aislamiento y tortura a las que han sido sometidos los prisioneros políticos por parte de la Policía de Daniel Ortega. «Todas las personas detenidas desde el 28 de mayo en el complejo Evaristo Vásquez Sánchez han sido mantenidas bajo un prolongado y estricto régimen de incomunicación», denuncia.
«Las condiciones carcelarias reportadas por los detenidos están por debajo de las Reglas Mínimas Estándar de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y, en el caso de las mujeres detenidas, las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).
El régimen de visitas era extremadamente restrictivo y los detenidos recibían dietas limitadas y desequilibradas, lo que conducía a una pérdida de peso visible. No se les permitió recibir alimentos traídos por sus familiares, ni se les permitió tener colchones y ropa de cama. También se les negó el acceso a cualquier correspondencia, materiales de lectura o Biblias. Las luces estaban encendidas en sus celdas durante la noche», se lee en el documento.
«Tales condiciones equivalen a un trato prohibido por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de los cuales Nicaragua es parte», reprocha Bachelet en su informe.
Entre las recomendaciones plasmadas en este informe, Michelle Bachelet insta de manera enfática a la dictadura de Ortega a que «ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas arrestadas y detenidas arbitrariamente y desista de todos los cargos (imputados) contra ellas».
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Por los tiempos en que se produjeron los abusos, el informe no incluye casos graves cometidos por la dictadura contra los presos políticos, como la muerte del opositor y directivo del partido Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), Hugo Torres, en manos de la Policía. Tampoco abarca los juicios y condenas, que han sido denunciados por organismos defensores de derechos humanos locales como «farsas judiciales».
