La jueza Decimotercera de Distrito Penal de Juicios en Managua, Ulisa Yahosca Tapia Silva, sentenció a ocho años de prisión a María del Socorro Oviedo, abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos. La justicia de Ortega la acusa de «atentar contra la soberanía de Nicaragua y de propagar noticias falsas».
Oviedo enfrentó su juicio político a puerta cerrada, el 14 de febrero, en las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vázquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote»; donde ha permanecido cautiva desde el 29 de julio de 2021.
A la presa política la están juzgando basándose en la Ley 1055, Ley de Soberanía; y la ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, y el Código Penal, normativas represivas del régimen aprobadas en 2020. De acuerdo con el abogado Eber Acevedo, la juez declaró culpable a María Oviedo por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas».
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Durante su intervención en el juicio, Oviedo resaltó las irregularidades en el proceso. Según la información recopilada por el medio de comunicación Confidencial, entre las pruebas que presentó el Ministerio Público contra la defensora incluyen declaraciones que ofreció al programa Esta Semana, y testimonios de oficiales de la Policía Nacional que participaron del «proceso investigativo».
En el tiempo que lleva en prisión, a la rea de conciencia solo se le han autorizado cinco visitas de sus familiares, las que han estado «vigiladas» por efectivos policiales en todo momento.
La abogada y defensora de derechos humanos se desempeñaba como coordinadora del área jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). María Oviedo, de 39 años, es una de los más de 40 nicaragüenses que Ortega-Murillo encarceló por denunciar las violaciones a los derechos humanos de parte del régimen de Daniel Ortega.
Oviedo fue secuestrada la noche del 29 de julio en la casa de su madre en el municipio de León. El abogado Baltasar Arévalo, pareja de la detenida, en ese momento señaló a Artículo 66 que se presentaron varios oficiales acompañados por el jefe de la Policía de la ciudad leonesa, el sancionado comisionado Fidel Domínguez, y fue detenida sin dar más detalles.
El Ministerio Público, desde el primero de febrero, ha declarado culpables a más de 20 reos de conciencia por supuestamente «conspirar contra el Estado de Nicaragua»; también ha condenado a más de 10 presos políticos entre 8 y 15 años de cárcel.
Los abogados defensores han denunciado una serie de irregularidades en los juicios contra los líderes de la oposición en Nicaragua. Familiares de los presos califican de «farsa y montaje» las audiencias celebradas.
