Una coalición de ONG internacionales y nicaragüenses pidió este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU “tomar medidas firmes” contra el Estado de Nicaragua por no detener ni reparar las “graves violaciones” a los derechos humanos que acontecen en el país centroamericano desde abril de 2018.
“En vista de que Nicaragua sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, los miembros del Consejo deben tomar medidas firmes para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas”, instó esa coalición de ONG, llamada “Colectivo 46/2” en honor a la resolución adoptada en la ONU en marzo de 2021.
“Es hora de que el Consejo establezca un mecanismo internacional que investigue las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, identifique a los autores y preserve las pruebas, todo ello con una perspectiva de género e interseccional”, abogó.
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos deben revisar la resolución 46/2 en marzo.
NICARAGUA HA DESMANTELADO EL ESTADO DE DERECHO
En una declaración, ese colectivo explicó que elaboró una evaluación de tres capítulos sobre el nivel del cumplimiento de la resolución por parte de Nicaragua y la misma concluyó que, desde abril de 2021, “el Estado no ha dado ningún paso para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, al contrario, ha tomado medidas en la dirección opuesta”.
“Las autoridades no solo han suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado de Derecho. También han seguido desmantelando los derechos socioeconómicos, intensificando el riesgo de personas defensoras de derechos humanos”, apuntó la directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz.
Según Paz y Paz, en Nicaragua se ha intensificado “el riesgo de personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, provocando desplazamientos masivos y alentando más violencia y la discriminación contra los pueblos”.
“El continuo desprecio del Estado por el diálogo con la ONU se ha evidenciado en la negativa a responder las preguntas de un comité de expertos sobre derechos socioeconómicos e ignorando las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lo largo de los últimos tres años”, señaló, por su lado, la coordinadora para Latinoamérica del Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Center), Mariel Merayo.
“ORTEGA NO TIENE INTENCIÓN DE REVERTIR EL RUMBO”, dicen ONG
Para Juan Carlos Arce, miembro del consejo de coordinación y coordinador de fortalecimiento de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, el presidente Daniel Ortega “ha dejado claro que no tiene intención de revertir el rumbo”.
“Sin embargo, los autores de graves violaciones de derechos humanos no pueden esconderse para siempre: la ONU debe sembrar las semillas para la futura rendición de cuentas, tanto en Nicaragua como en cualquier lugar del mundo, a través de otros mecanismos internacionales de acceso a la justicia”, comentó.
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Observó que el Estado de Nicaragua “ha tenido amplias oportunidades para comprometerse de buena fe con la comunidad internacional”, pero, por el contrario, ha rechazado “todas y cada una de ellas”.
“Los dirigentes nicaragüenses han preferido redoblar la represión de los derechos humanos y silenciar cualquier forma de disidencia”, anotó Raphael Viana, responsable de programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
“La comunidad internacional debe establecer un mecanismo que garantice la recopilación de pruebas para que se restablezca la justicia y el Estado de derecho en Nicaragua”, añadió.
Esta es la tercera evaluación publicada por el Colectivo 46/2, que analiza el período octubre-diciembre de 2021, incluyendo el proceso electoral de noviembre en el que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
