Entidades de la sociedad civil de Nicaragua recordaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que el régimen de Daniel Ortega ha «incumplido una histórica resolución» dictada por ese organismo que conllevaría a encontrar una salida a la crisis social del país, por lo cual, consideran que se debe exigir responsabilidad al Estado de Nicaragua por las «graves violaciones a los derechos humanos».
ONG nacionales e internacionales insistieron en esa necesidad a menos de una semana del inicio del 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En marzo de 2021, ese Consejo adoptó la Resolución 46/2 elaborando una evaluación de tres capítulos en la que pide al gobierno nicaragüense que adopte 14 medidas urgentes para solucionar la actual crisis de derechos humanos, pero al contrario «el Estado no ha dado ningún paso para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, al contrario, ha tomado medidas en la dirección opuesta», denuncia la organización nicaragüense.
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Mediante un comunicado emitido este 21 de febrero destacaron las declaraciones brindadas por la directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz, quien denunció que «las autoridades (de Nicaragua) no solo han suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado de Derecho. También han seguido desmantelando los derechos socioeconómicos, intensificando el riesgo de personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, provocando desplazamientos masivos y alentando más violencia y la discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes».
El mecanismo solicita a los estados miembros de la ONU revisar la resolución 46/2 en el próximo mes de marzo. «En vista de que Nicaragua sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, los miembros del Consejo deben tomar medidas firmes para romper el
ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas», manifiestan en el documento.
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Añaden que «es hora de que el Consejo establezca un mecanismo internacional que investigue las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, identifique a los autores y preserve las pruebas, todo ello con una perspectiva de género e interseccional».
Las organizaciones recuerdan que «en ningún momento las autoridades nicaragüenses han dado pasos serios, ni han demostrado voluntad, para abordar alguno de los puntos mencionados». Al Estado, encabezado por Daniel Ortega, se le señala de ser el responsable de crímenes de lesa humanidad en el marco de las protestas sociales de 2018.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT por sus siglas en inglés) también se sumó a la denuncia afirmando que «mientras Nicaragua se burla de la histórica resolución de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos debe buscar la rendición de cuentas». Replicando el documento de la organización nicaragüense piden que el Consejo tome acción en las «graves violaciones a los derechos humanos» en el país centroamericano.