La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob), ordenó «cancelar los registros y números perpetuos» de seis organizaciones originarias de Estados Unidos, Irlanda, Suiza y Suecia. Las seis organizaciones son: Fabretto Children’s Foundation, lnc., Creative Associative, lnc. y Global Communities, las tres de Estados Unidos; Trocaire de Irlanda; Comundo de Suiza y We Effect de Suecia.
Según el Migob, las instituciones canceladas «incumplieron sus obligaciones conforme las Leyes de Nicaragua», específicamente la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
«Estas ONG’s, no reportaron a MIGOB: Estados Financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); juntas directivas del país de origen; donaciones previas provenientes del exterior; documentos de identidad de sus directivos; representante legal en Nicaragua y proveedores de fondos», señala la Resolución Administrativa del Migob.
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Gobernación explica que, las seis ONG no promovían «políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si sus proyectos fueron acorde a sus objetivos y fines por los cuales se les autorizó el registro en Nicaragua».
Global Communities trabaja en el país proyectos para fortalecer la participación ciudadana y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para participar e influir en los tomadores de decisiones con el fin de mejorar la gobernanza y el desarrollo local.
Trocaire apoya a las organizaciones de la sociedad civil para que crezcan en autosostenibilidad y capacidad organizativa; colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación, los medios de comunicación, el sector privado y el gobierno. También tiene programas para el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones religiosas para apoyar los espacios de la sociedad civil y los derechos humanos.
¿Qué pasará con los bienes?
Los bienes de las ONG pasarán a manos del régimen Ortega-Murillo como sucedió con las otras organizaciones a las que les han cancelado su personalidad jurídica desde finales de 2018. El artículo 25 de la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, establece que «los bienes y acciones que pertenezcan a la Asociación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus Estatutos. Si nada se hubiere dispuesto sobre ello pasarán a ser propiedad del Estado».
La Asamblea Nacional ha cancelado la personalidad jurídica a decenas de organizaciones sin fines de lucro, incluidas media docena de universidades, grupos feministas, asociaciones comunitarias, defensoras de derechos humanos, de la Diócesis de Estelí, entre otras.
La Asamblea del régimen canceló ayer seis organizaciones, entre ellas el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), fundado en mayo de 1994 y representado legalmente por la opositora Sandra Ramos, quien participó en el intento de Diálogo Nacional celebrado en mayo de 2018. Otra organización cancelada fue PEN Nicaragua, presidida por la poetisa Gioconda Belli. Esa entidad decidió suspender sus actividades en febrero de 2021 debido a la controvertida Ley de regulación de agentes extranjeros aprobada por el régimen en 2020, en la que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
