El régimen de Nicaragua, a través de la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, canceló este martes, 15 de febrero, las personalidades jurídica de seis organizaciones sin fines de lucro.
La orden de Ortega se aprobó con 75 votos a favor, cero en contra, 11 abstenciones y cinco presentes. Según el decreto se procederá a cancelar las personalidades de la organizaciones en un plazo no menor de 72 horas, luego de poner en conocimiento a sus representante legales para que procedan a la entrega de los libros de ley, el sello de las asociaciones y demás documentos que pudiera requerir la autoridad.
Las organizaciones ilegalizadas son el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), fundado en mayo de 1994 y representado legalmente por la opositora Sandra Ramos, quien participó en el intento de diálogo nacional celebrado en mayo de 2018.
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El 25 de septiembre de 2020, las instalaciones del MEC fueron asediadas por la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega. En esa ocasión, Sandra Ramos encaró a los agentes policiales, los cuales se retiraron del lugar sin dar mayor explicación.
Otra organización cancelada fue PEN Nicaragua, presidida por la poetisa Gioconda Belli. Esa entidad decidió suspender sus actividades en febrero de 2021 debido a la controvertida Ley de regulación de agentes extranjeros aprobada por el régimen en 2020, en la que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
«Hemos informado a PEN Internacional de nuestra decisión de suspender nuestra afiliación», anunció en ese momento Gioconda Belli, que preside PEN Nicaragua, cuyo organismo llevaba 21 años funcionando en el país.
La aplanadora de diputados también despojó de su personalidad jurídica a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo secretario ejecutivo es el abogado Álvaro Leiva, asilado desde el 2018 en Costa Rica. La ANPDH desde el exilio continúa trabajando.
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Además descabezó al Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (FUNDEMUNI) y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS).
Argumentos del régimen para ilegalizar a esta organizaciones
Entre la exposición de motivos del decreto enviado por el diputado Filiberto Rodríguez, que preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, se destaca que supuestamente esas organizaciones no han reportado sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley.
Además, el Ministerio de Gobernación (Migob) argumentó que las juntas directivas de estas organizaciones se encuentran «acéfalas» y no han reportado donaciones previas procedentes del exterior, «lo que ha obstaculizado el control y vigilancia por parte del Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro para la Regulación de Organismos sin Fines de Lucro».
Este decreto llega a pocas semanas de que el régimen de Daniel Ortega también ilegalizara a otras organizaciones civiles y universidades privadas, las cuales pasaron a ser estatales y controladas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Estado podría adueñarse de los bienes
El documento detalla que a tal efecto de la cancelación, el Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio gobernación deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas seis asociaciones en un plazo no mayor de 72 horas, «poniendo en conocimiento al representante legal de cada uno o quien haga funciones de tal que procedan a la entrega de los libros de ley, sello de las respectivas asociaciones y demás documentos que podría requerir la autoridad».
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Agrega que el Artículo 2 del Destino de Bienes y acciones, establece que «los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia».
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició la cacería contra organizaciones civiles y el despojo de sus personalidades jurídicas desde el 2018 —años de la revolución cívica en Nicaragua—. Hasta la fecha los diputados de la Asamblea Nacional han cancelado la personería jurídica a unas 87 oenegés.
