La justicia de Daniel Ortega dictó fallo de culpabilidad en contra del politólogo José Antonio Peraza por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Fiscalía pidió 10 años de cárcel más la inhabilitación a cargos públicos.
El mismo veredicto fue dictado contra los dirigentes campesinos, Pedro Mena y Medardo Mairena, el segundo aspirante presidencial en ser llevado a juicio.Al ciudadano Alexis Peralta, de Estelí, el régimen lo acusó de«propagar de noticias falsas».
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El 8 de febrero, el régimen también dictó fallo de culpabilidad en contra del excanciller Francisco Aguirre Sacasa por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Mientras el preso político Edder Muñoz, originario de Masaya, fue declarado culpable por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el Poder Judicial es un poder espurio al servicio de la dictadura Ortega-Murillo que este día también iba a declarar culpables a más presos políticos por delitos que no han cometido, por tanto, reitera su demanda de libertad inmediata para todos los reos políticos.
Las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Unión Democrática Renovadora (Unamos) demandaron la nulidad de los juicios por considerarlos ilegales e ilegítimos.
El reciente informe presentado por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) revela que el régimen de Daniel Ortega tendría bajo la mira a más de 1,700 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por considerarlas «vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo».
Según el documento, el régimen justificó la aprobación de la controversial Ley de Agentes Extranjeros que ha aniquilado a un gran número de ONG, refiriendo que con ella intenta evitar el lavado de dinero.
El periodista Miguel Mora, quien fue el primer aspirante presidencial en ser declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, recibió una pena de 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.
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A su vez, la exdiputada María Fernanda Flores, esposa del exmandatario Arnoldo Alemán, fue condenada a ochos años de prisión por el mismo delito.
China, el nuevo socio de Daniel Ortega, estaría interesado en el negocio de los autos eléctricos, sobre el cual la dictadura ya trabaja de anticipado aprobando leyes para exonerar de impuestos la adquisición de vehículos de este tipo.
Según el oficialista Informe Pastrán, la empresa China Comunications Construction Company Limited (CCCC South) invertirá más de 500 millones de dólares en proyectos de energía renovable en el país, como parte de los acuerdos suscritos entre el país asiático y Nicaragua.
Además, destinará casi 50 millones de dólares para «apoyar» al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el «proyecto de movilidad eléctrica» para «promover la introducción de vehículos eléctricos en el país».
La Universidad Centroamericana (UCA) circuló la noche del miércoles un comunicado entre su comunidad estudiantil aclarando que está a «disposición» de las autoridades nacionales para entregar cualquier información que estas requieran, esto en respuesta a las amenazas realizadas recientemente por el diputado orteguista Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional.
«Ponemos a disposición de las autoridades nacionales facultadas por las leyes toda la información que se requiere, en tiempo y forma, para la revisión y fiscalización de nuestro quehacer según el marco legal del país», expone el comunicado de la UCA, que si bien no hace mención de las declaraciones del diputado Navarro, ni del contexto que atraviesan las universidades, puede traducirse en una respuesta a las aseveraciones del parlamentario.
El recién pasado lunes Navarro acusó a la UCA de ser «un centro de terrorismo» y aseguró que esta casa de estudios no está al día con los informes ante el Ministerio de Gobernación, dejando entrever que podría ser la próxima en la lista de universidades a las que el régimen confisca.
